El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada se ha reunido con los agentes de la Policía Local para impulsar una acción coordinada en la zona Norte con los servicios sociales. La idea es que cuando se produzcan redadas en la zona para terminar con los enganches ilegales no se corten los cables de manera indiscriminada y pueda tenerse en cuenta la situación de las familias que hay detrás de esos enganches. Un asunto que también ha trasladado a los agentes de la Policía Nacional. Y es que junto a los enganches para mantener plantaciones de marihuana hay enganches de familias con hijos pequeños que no tienen posibilidad de pagar el recibo de la luz. La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, cree que es fundamental trabajar con "delicadeza y sensibilidad" para evitar casos dramáticos en familias con niños o personas mayores enfermas.

Ayer, en la comisión de Derechos Sociales, Sánchez consideró fundamental que se garantice la tranquilidad de los vecinos y que las familias sepan que el policía va a ayudarle, no a ponerlo en peligro. Sánchez explicó que la Policía está trabajando actualmente con la empresa eléctrica para hacer mediciones y localizar los puntos de menudeo de droga.

De forma paralela la Junta de Andalucía está trabajando en la regularización de la titularidad de la viviendas. "Ya hay un protocolo, queremos normalizar la situación del distrito. A ninguna familia se le va a echar a la calle sin darle un recurso", apuntó la concejal, quien reconoció que hay que ordenar la ocupación de estas casas porque forman parte del parque público de viviendas sociales. Actualmente en Granada hay 600 personas en lista de espera para acceder a una de estas viviendas sociales que están ocupadas.