Granada

El registro a la secretaria revela "trato de favor" y filtraciones a empresarios

  • La Policía manda a la jueza papeles sobre decretos del ex alcalde antes de las elecciones, una reunión privada en el Ayuntamiento e informes a favor de intereses particulares

Los documentos requisados están relacionados con el empresario José Julián Romero.

Los documentos requisados están relacionados con el empresario José Julián Romero. / archivo

Informes jurídicos que benefician los intereses privados en perjuicio de lo público, filtraciones de información al empresario José Julián Romero, decretos del alcalde que no pasan por pleno por la "urgencia de las elecciones" o reuniones privadas en dependencias municipales. Estas son algunas de las conclusiones que la Policía ha remitido a la jueza que investiga el caso Nazarí, junto a la documentación encontrada en el despacho y el domicilio particular de la secretaria del Ayuntamiento. Es una de las investigadas en esta causa y que fue detenida el pasado 13 de abril, junto con el entonces alcalde, José Torres Hurtado, y algunos de los principales responsables del área de Urbanismo.

De la documentación incautada y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha considerado más relevante para la investigación en curso, hay dos bloques principales. Uno relacionado con unos escritos del promotor José Julián Romero en 2007, en los que se vislumbra "un trato de favor a este empresario". El otro asunto destacado es el acuerdo alcanzado en 2011 entre el Ayuntamiento de Granada y varias empresas en el plan parcial T1 (Cerrillo de Maracena) para saldar esa deuda mediante un pago en especie que la Policía considera perjudicial para los intereses de la ciudad.

El alcalde utilizó un informe del economista Martín Recuerda, que perjudicaría a la ciudad

En ambos asuntos, de los que se han encontrado documentos en las dependencias de la secretaria, la celebración de elecciones municipales (2007 y 2011) es determinante. Tras los primeros comicios señalados, el empresario Julián Romero mandó un escrito al Ayuntamiento para pedir información y explicaciones sobre el estudio que el concejal de Urbanismo saliente, Luis Gerardo García-Royo, habría estado preparando antes de marcharse sobre los expedientes que afectan a sus empresas.

De una parte, la Udef destaca que este escrito pone de relieve que el empresario habría recibido información interna del Ayuntamiento de "alguien incardinado en el seno de la Corporación local". También cuestiona la Policía la tramitación de este escrito, que entra por Registro General, llega al gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y éste mismo se lo redirige a la secretaria general, que sería la destinataria final de la petición. El itinerario es "a todas luces anormal", expone la Policía, quien recuerda las declaraciones de testigos en esta causa que mencionan la amistad manifiesta entre Lorente y este empresario de la construcción.

El asunto del que la Policía ha reunido más documentos es el acuerdo de liquidación y pago en especie de la deuda del Cerrillo de Maracena. Se aporta al Juzgado de Instrucción 2 un informe del economista Francisco Martín Recuerda considerado clave, pues pondría de manifiesto que se ha primado el interés privado por encima del público en este acuerdo. El especialista hizo una valoración de la parcela con la que los empresarios proponían pagar su deuda al Ayuntamiento y que, según la Udef, se sustenta en datos desfasados y parciales para que el precio subiera hasta 8 millones por encima de la realidad que expone esta unidad policial. Es más, el informe recuerda que este economista fue nombrado muy poco después por el alcalde presidente del Consejo Social de Granada.

Su informe externo no fue ratificado por ningún técnico municipal, como establece la ley para alcanzar un acuerdo de pago en especie que sería comparable a una compra por parte del Ayuntamiento. La secretaria municipal y el gerente en funciones (ambos investigados) firman un informe jurídico que avalan este proceder. También justifica el mismo documento que el alcalde apruebe el acuerdo de liquidación de deuda con los empresarios a través de un decreto y sin pasar por el pleno municipal, en base a la "extraordinaria y urgente necesidad por la inminente celebración de elecciones". La Policía cuestiona esto pues "si el acuerdo es tan bueno para el gobierno actual, lo sería también para el entrante".

La sucesión de hechos que se aglutinan la semana antes de las elecciones llama la atención de los investigadores al observar las fechas de cada documento. El 19 de mayo de 2011 (el jueves antes del domingo electoral) se produce una reunión en dependencias del Ayuntamiento entre los empresarios que formaban parte del Consejo Rector de la Junta de Compensación del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena. "Sería conveniente saber quién se lo ha facilitado", expone la Policía.

De esa reunión sale la propuesta de acuerdo con el municipio que Torres Hurtado aprueba con su decreto urgente ese mismo día. "Decreta la firma del acuerdo sin mediar la opinión de ningún técnico o experto en la materia que lo asesore y aceptando lo que dice la parte privada deudora. Actúa en perjuicio del interés público y a favor del interés privado", concluye la Udef. Ratifica estas premisas con el decreto firmado un día después (el viernes previo a las elecciones), en el que autoriza que el Ayuntamiento desista de las acciones judiciales para la reclamación de esta deuda. Y así lo hizo el responsable de la asesoría jurídica con el nuevo gobierno aún en funciones. El propio interventor expuso en un informe posterior que esta debía ser una decisión adoptada por el pleno, aunque consideró que los informes de la secretaria avalaban los decretos.

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