El Consistorio se replantea la subida del IBI tras una cacerolada multudinaria

Multitudinaria y ruidosa fue la cacerolada realizada en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Salobreña, donde se congregaron más de trescientas personas para protestar por el incremento del IBI en un 40% aprobado en pleno por el equipo de gobierno. Este ha "tomado nota" del descontento general por la medida y anunció que se estudiarán "alternativas para no gravar en exceso al ciudadano".

Cacerolas, cazos, cucharones y todo tipo de utensilios de cocina, junto a silbatos y bocinas, sirvieron para poner sonido a la manifestación convocada a través de las redes sociales. No faltaron tampoco los cánticos y pancartas con todo tipo de consignas contrarias a la subida impositiva. Los propios participantes se autoconvocaron para repetir la medida de fuerza todos los viernes a la 11:00 horas "hasta que el equipo de gobierno anule el aumento".

Un dispositivo de seguridad integrado por casi una decena de guardias civiles y policías locales se encargó de controlar la manifestación, que a pesar de lo bulliciosa no derivó en ningún incidente. Más de un centenar de manifestantes accedieron en dos ocasiones al hall del Ayuntamiento, aunque los agentes impidieron que subieran las escaleras que conducen a la Alcaldía y otras dependencias municipales.

Varios manifestantes requirieron la presencia del alcalde, Gonzalo Fernández Pulido, que si bien no se acercó hasta la zona de la manifestación, envió a un emisario para comunicar que aún estaba abierto el periodo de presentación de alegaciones a la ordenanza fiscal, aunque la respuesta fue un sonoro abucheo.

El primer edil se pronunció más tarde a través de una nota de prensa en la que afirmó que "hemos escuchado a los vecinos y tomamos nota". Aseguró que se van "a estudiar otras medidas alternativas que no sean gravar en exceso al ciudadano, pero todos debemos ser luego consecuentes con esas medidas que pasan por dejar al mínimo los gastos del Ayuntamiento, con todo lo que ello implica de disminución en proyectos y actividades de todas las áreas, incluida la de personal".

Fernández Pulido explicó que el Ayuntamiento debe pagar anualmente 890.000 euros en los próximos dos años, "una cifra que se incrementa a más de dos millones de euros a partir de 2015 como resultado de la suma de la deuda a proveedores y de otros créditos concertados anteriormente por el gobierno del PP". Asimismo, advirtió que "las consecuencias de no poder hacer frente a estos pagos es muy seria".