El alcalde de Diezma, José Jesús García Rodríguez (PP) es juzgado mañana como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. El juicio se celebra en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadix y también comparece como acusado el arquitecto técnico del Ayuntamiento, Carmelo Fernández.

La denuncia, que parte de un particular, hace referencia a unas obras en un edificio de la Carretera de Murcia, que empezaron nada menos que en 1981 pero que se interrumpieron cuando sólo estaba hecha la cimentación y la estructura del mismo.

Según la denunciante, el propietario del terreno quiso retomarlas a finales de 2006 pero el Ayuntamiento lo impidió porque la licencia había "caducado sobradamente" y lo que se pretendía hacer -un edificio de tres plantas- no se adecuaba a la normativa vigente.

Pero en julio de 2007, los servicios técnicos advirtieron de que allí se estaban realizando obras. En concreto, cerramientos e instalaciones interiores. La Alcaldía, ante la falta de licencia, las paralizó. Pero cinco meses después, pese a que el edificio "no estaba legalizado ni contaba con licencia de primera ocupación", sí permitió unas "obras de reforma que afectan a la estructura, volumetría y cerramientos y que incumplen las normas urbanísticas, todo ello sin proyecto ni visado".

Entiende, por tanto, que el alcalde ha autorizado "expresa y dolosamente" unas obras aun sabiendo "de su ilegalidad" y no sólo no las paró, sino que alteró el orden del día de un pleno para que ese asunto no se debatiera.