El rechazo al Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2022-2027 ha sido frontal por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía y por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que la pasada semana han presentado sus alegaciones.

Ambas organizaciones coinciden en que se priman las dotaciones de aguas para los cultivos superintensivos en perjuicio de los cultivos tradicionales y del mantenimiento de la población en las zonas rurales.COAG reclama a la CHG un cambio de rumbo que “prohiba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores, provenientes de todas las partes del mundo, se apropien del agua, que es un bien público, para sus cultivos intensivos, en los que están invirtiendo a destajo, en detrimento de la agricultura social y profesional que crea empleo y mantiene viva la Andalucía rural”.

La organización entiende que la cuenca “va a la deriva al ampliarse, con triquiñuelas, la zona regable para llevar a agua a tierras de secano, a pesar del déficit hídrico agravado, además, por la sequía”.

Este nuevo Plan Hidrológico, que por primera vez incluye un anexo dedicado al análisis del impacto del Cambio Climático en el que se reconoce a la agricultura como el uso que más sufrirá los efectos de la combinación de la reducción de los recursos y del aumento de la evapotranspiración debe regirse, según COAG, por un plano restrictivo a nivel normativo, que evite el colapso de toda la cuenca. En lo que respecta al uso agrario, la organización augura que este cambio en las condiciones tendrá claros efectos sobre el estrés de los cultivos, generando conflictividad social en la agricultura de regadío del Guadalquivir.

COAG advierte que a partir de “datos que no obedecen a la realidad, la CHG, por medio de la planificación hidrológica, ha incentivado cambios de cultivo, favoreciendo el olivar y el almendro súper intensivo”. Considera que este cambio se está fomentando incluso con una modificación al alza de las dotaciones en estos cultivos, lo que creen que va en contra de la política del ahorro y de no incremento del regadío que supone como la “piedra angular” de la Planificación.

Mantiene que el proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir “ignora por completo el aspecto social del agua, que debe servir para vertebrar el territorio a través de la generación de riqueza y empleo en el medio rural y no para permitir la expansión de nuevas hectáreas de cultivos con mayores dotaciones de riego a las actuales, como es el caso del olivar en superintensivo que pasaría de los actuales 2.500 metros cúbicos por hectárea y año a una nueva dotación de 3.500 que recoge el nuevo Plan verde”.

En sus alegaciones, COAG Andalucía pide que se elimine el incentivo de cambio a cultivos leñosos intensivos, a los que se le asignan dotaciones por debajo de los consumos reales. También reclama la eliminación de la posibilidad de ampliación de la superficie de regadío mediante ahorro teórico, así como la mejora de la transparencia de los datos disponibles de superficies y consumos que ofrece la CHG.

La organización agraria exige prioridad para los cultivos sociales en el reparto de dotaciones, mientras se opone a las dotaciones para el olivar, pide la eliminación de las autorizaciones temporales de riego en explotaciones de secano para la implantación de leñosos y reclama un mayor control sobre el aprovechamiento de las aguas subterráneas, así como la mejora del mantenimiento de la calidad del agua de riego y de las infraestructuras existentes.

Por su lado, UPA Andalucía considera fundamental y prioritario conseguir con este Plan “la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar el desarrollo regional y sectorial para no perpetuar las desigualdades entre regantes, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizándolo y racionalizando su uso. Una de las intenciones del Plan, tal y como recoge el documento, es abrir las puertas al cambio de cultivo por parte de los agricultores con el objetivo del ahorro del agua”.

“En la práctica -explica- esta medida permitirá sustituir cultivos como el algodón, con mayores necesidades hídricas, por otros superintensivos de olivar, almendro o pistacho, agraviando las desigualdades existentes entre los regantes de la Cuenca y favoreciendo la expansión de formas de cultivo superintensivas que además de esquilmar los recursos naturales suponen una amenaza para la sostenibilidad económica y social de los cultivos tradicionales y que va en detrimento del mantenimiento de la población en zonas rurales”.

Preocupación en UPA

“En UPA Andalucía vemos con mucha preocupación la negativa de poner una sola hectárea más de riego en toda la Cuenca, con la salvedad de utilizar los 20 hectómetros cúbicos previstos de aguas regeneradas, cantidad que entendemos debe ser superior porque esas aguas se pueden aprovechar al 100% para regadío, pero en cambio se abre de par en par la posibilidad de ampliar, por ejemplo, el cultivo del olivar superintensivo en el bajo Guadalquivir”.

Nuevas infraestructuras

Otra de las cuestiones fundamentales y que UPA Andalucía hace constar en sus alegaciones es que se regularice, de forma inmediata y definitiva, los regadíos históricos que se encuentran en precario. La Unión de Pequeños Agricultores reclama también la ejecución de nuevas infraestructuras como: la construcción de la Presa de San Calixto, en el cauce del río Genil; la construcción del embalse de la Cerrada de la Puerta en Jaén; el recrecimiento del embalse del Agrio, en la provincia de Sevilla; la culminación del bombeo y llenado de la Breña II desde el Guadalquivir, aprovechando las aguas invernales; la explotación del embalse de la presa de Víboras; y la puesta en marcha de la Balsa del Cadimo con la ejecución de una segunda fase para construir las infraestructuras necesarias para la distribución del agua en el regadío.

Por último, UPA Andalucía urge la modificación del régimen tarifario “para que se facture el canon según los consumos reales de los regantes y no por superficie”.