La Junta garantizará un tiempo medio de pago a sus proveedores en educación, salud y servicios sociales. Así lo anunció ayer la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, en el debate extraordinario sobre la situación política de Andalucía celebrado en el Parlamento andaluz que se prolongó durante seis horas. Antes de abril, el Consejo de Gobierno aprobará un decreto de garantías de pago "para proteger a sectores prioritarios relacionados con la salud, la educación y los servicios sociales", dijo Díaz. 

El pasado julio la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que se trabajaba en esta garantía de plazos. El período medio de pago a proveedores en Andalucía se situó en 42,4 días el pasado diciembre. En enero había descendido a 38,54, informaron ayer a esta redacción fuentes de Hacienda. Todas las administraciones públicas tienen la obligación de publicar el periodo medio de pago en sus webs

El otro anuncio de la presidenta fue que en 15 días los empleados públicos recuperarán otro de los derechos suprimidos durante la crisis, los días adicionales de permiso por asuntos particulares: dos más al cumplir el sexto trienio, y otro más por cada trienio a partir del octavo.

La otra novedad que dejó la comparecencia de Díaz, a petición propia y por su compromiso de celebrar un debate general cada periodo de sesiones, fue un calendario de iniciativas y apertura de instalaciones. Nunca antes había sido tan explícita y, cuando lo fue, las fechas se le pasaron de largo. Fue el caso de la ley de discapacidad, prometida para 2015 y ahora para 2016, o los informes sobre la situación de las empresas públicas, desaparecida ahora del discurso como otros muchos compromisos asumidos en la anterior legislatura con IU, caso del ente público de crédito, el banco de tierras o la ley de participación ciudadana.

En este calendario, donde abundaron promesas rescatadas, Susana Díaz anunció para este mismo mes la presentación del proyecto de ley integral de Agricultura, que se aprobará por el Consejo de Gobierno en mayo. También el plan de vivienda o un plazo máximo no superior a 90 días naturales para las intervenciones de cirugía cardiaca, "reduciendo a la mitad el plazo máximo de respuesta que tienen previsto actualmente".

En abril llegarían la ley de emprendimiento de Andalucía o la estrategia minera hasta 2020. Díaz también fechó una veintena de instalaciones sanitarias que comenzarán a funcionar en los próximos meses, como el hospital de Écija en la primera semana de abril, las urgencias de Loja y Alcalá la Real ese mismo mes,  o el hospital de Ronda en verano. También hubo fecha para los Chares de Cártama y La Línea, "pendientes de finalización de las obras por parte de los respectivos ayuntamientos". En el primer caso Díaz dio un plazo de cuatro meses y el de La Línea, en octubre. "Inmediatamente después, ambos hospitales entrarán en funcionamiento", añadió.

Para el primer trimestre de 2016 llegará un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal o la ley de sostenibilidad del sistema sanitario, antes de junio una ley para perseguir el fraude en las bonificaciones sociales (cuya primera promesa se remonta a la investidura de Griñán en 2012), la ley de retracto en caso de desahucios o la ley de cambio climático. Este año se creará la oficina de prevención de la corrupción, una de las medidas estrella del último programa electoral del PSOE.

Díaz alardeó de otras medidas aprobadas, como la reducción del IRPF en dos puntos, la consecución por tercer año consecutivo del objetivo de déficit, la recuperación de derechos para los empleados públicos o la simplificación de trámites administrativos para la creación de empresas.

Pero los discursos de la oposición, como el argumentario de Díaz, estaban redactados de antemano y la presidenta de la Junta sólo encontró apoyo en Ciudadanos. 

Su portavoz, Juan Marín, amagó con ser más exigente con el pacto de investidura firmado con los socialistas, pero al final dejó su reivindicación en una petición de mayor agilidad en la aprobación de medidas. Marín no logró un compromiso nuevo de Díaz sobre el impuesto de sucesiones.

Fue el cara a cara con Moreno el más crispado, aunque las chispas también sacudieron las respuestas a la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, y de IU, Elena Cortés. 

El debate con el líder de la oposición, el presidente del PP, Juan Manuel Moreno, estuvo embarrado de acusaciones personales, con las críticas del popular a la "soberbia" de la presidenta de la Junta y una pregunta que se quedó en el aire: "¿Aspira usted a ser presidenta de su partido?".

 El debate con Teresa Rodríguez, de Podemos, fue en el que más alusiones se hicieron a lo que acontecía en Madrid con la investidura fallida de Pedro Sánchez. Rodríguez pidió a Díaz que ejerza un liderazgo "sano, que sea capaz de reconocer sus errores y poner en el centro los problemas de la ciudadanía". 

Con su antigua compañera de gabinete, la diputada de IU Elena Cortés, salió a relucir el caso de la corrala Utopía, principal foco de conflicto entre ambos partidos.