La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 450.000 euros al conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta y al que la juez Mercedes Alaya envió a prisión el pasado mes de marzo tras ser detenido en el marco de la operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto, notificado este mismo martes al abogado del imputado, en el que estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Lanzas contra el auto de prisión dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y lo deja en libertad bajo fianza de 450.000 euros. Las mismas fuentes han indicado que Lanzas, en contra de lo que pudiera pensarse a raíz de los datos patrimoniales desvelados por la investigación, no dispone actualmente de la cantidad fijada como fianza por la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Asimismo, este martes se ha conocido, una vez levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde el pasado mes de noviembre, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 145 millones de euros para Lanzas y de 19 millones de euros para su esposa, Patrocinio Sierra. Recientemente, la Audiencia Provincial acordó dejar en libertad bajo fianzas de 600.000 euros a los ex directivos de Vitalia María Vaqué y Antonio Albarracín, quien depositó dicha cantidad la pasada semana y puso abandonar la cárcel. 

Lanzas fue una de las siete personas a las que la juez Alaya mandó a prisión dentro de la operación Heracles por la que la Guardia Civil investiga el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo. Así, y además de a Lanzas, la juez Alaya envió a la cárcel a los ex directivos de Vitalia Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual; al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y al presunto testaferro de los ERE Eduardo Leal del Real. A todos ellos los mandó la juez Alaya a prisión sin fianza a excepción del supuesto testaferro y del cuñado de Juan Lanzas, a quienes impuso una fianza de 50.000 euros que fue abonada por éste último para abandonar la prisión.  

8,6 millones en sobrecomisiones

Para la fianza que pide a Lanzas, Anticorrupción toma como base los informes de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones de 3 de marzo en torno a las primas abonadas por la Junta de Andalucía por pólizas en las que el imputado, de forma indiciaria, intermedió para que las mismas fueran abonadas con fondos públicos. Según la Fiscalía, el importe total conforme a dichos informes asciende a 103,1 millones de euros, donde se incluye "lo que se ha venido a denominar sobrecomisiones", de las que el imputado "se ha beneficiado en una cuantía de 8,6 millones, básicamente a través de su inclusión y la de su esposa como intruso", así como por "la facturación de diversas sociedades englobadas" en el entramado Atrado y a través de sociedades vinculadas a su cuñado, Ismael Sierra.

A la cantidad reseñada de pagos de primas realizados por la Junta, Anticorrupción entiende que hay que sumar los importes que el imputado "ha venido a cobrar de empresarios que se han beneficiado de las pólizas financiadas por la Junta, permitiendo la amortización de su plantilla sin prácticamente coste para ellos". La Fiscalía considera que dichas cantidades "habrían sido percibidas tanto en efectivo como mediante facturación de las empresas del entramado Atrado y vinculadas a Ismael Sierra a las empresas beneficiarias de forma ilícita", ascendiendo el importe de ello a 5,4 millones. A todas las cantidades mencionadas le suma la Fiscalía el tercio legal previsto, por lo que pide una fianza de 145 millones. 

Respecto a su esposa, Anticorrupción considera que "ha de responder de las ganancias que de forma ilícita obtuvo" su marido por su intervención en la concertación de las pólizas de rentas y ayudas a empresas en las que intervino, cantidad que fija en 8,6 millones y a la que suma los 5,4 millones anteriores más el tercio legal para pedir una fianza civil de 19 millones. En relación a Ismael Sierra, alude a las sociedades relacionadas con el imputado "que de forma ficticia facturaron a las empresas del holding Vitalia y a otras beneficiarias de pólizas de rentas financiadas con fondos de la Junta, que les permitieron la reducción o extinción total de su plantilla sin coste alguno para ellos", todo ello cifrado en 831.898,79 euros y 697.211,20 euros, respectivamente. Para este imputado, solicitó una fianza civil de 2,1 millones de euros. 

Por último, y en relación al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, a quien la juez ya impuso una fianza civil de 686 millones de euros, la Fiscalía pidió la ampliación del embargo y las anotaciones preventivas acordadas en decreto de 10 de mayo de 2012, para lo que tuvo en cuenta la información bancaria facilitada por la Guardia Civil. El abogado de Guerrero se opuso a lo interesado por la Fiscalía y pidió tres días para aportar la documentación relativa a una serie de cuentas mencionadas por el Ministerio Público "que ni siquiera pertenecen" a su representado, solicitando que en alguna de ellas, "en vez del bloqueo, se trabe embargo, ya que se encuentran domiciliados pagos perentorios y necesarios que con la medida del bloqueo impedirían realizar ingresos".