Los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta tenían conocimiento de la existencia de los denominados intrusos en las pólizas de los ERE a mediados de 2009, más de un año antes de que saltara el escándalo en la prensa y de que la juez Mercedes Alaya abriera una investigación específicas sobre las ayudas públicas.

A esta conclusión llega el atestado de la Guardia Civil remitido la semana pasada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que los agentes critican la "pasividad" de los responsables de la Consejería a pesar de las "sospechas y de la investigación ordenada y realizada (al menos parcialmente)" tras haberse detectado la presencia de los primeros beneficiarios que no habían trabajado nunca para las empresas en cuyas pólizas de prejubilación fueron incluidos.

El atestado del instituto armado asevera que entre los meses de "mayo/julio de 2009" en la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y en la Consejería de Empleo "se conocía la existencia de intrusos en distintas pólizas de renta colectiva" y pone como ejemplo un correo electrónico remitido por un bufete de abogados el 21 de mayo al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, solicitando su mediación en el conflicto de la limpieza pública de Granada (Aselip), en el que la dirección general asumió unos compromisos por cada empleado afectado -el pago de un máximo de 900 euros al año durante tres ejercicios-. Ese correo se remitió el 28 de mayo a la dirección de Trabajo para que emitiese un informe "a la mayor brevedad" y en el documento, a pie de página, Antonio Fernández escribió de su puño y letra lo siguiente: "Remitir D. Juan Márquez. No existe tal obligación. No podemos asumirla. No es legal".

La Guardia Civil incorpora en su informe otro correo, de 21 julio de 2009, en el que el asesor de la Consejería y ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaráz solicita al inspector regional del Ministerio de Trabajo en Sevilla la "vida laboral" de los intrusos que aparecen en las pólizas relacionadas con el conflicto de la limpieza pública de Granada.

Entre esos intrusos aparecen ya los nombres de Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), de un militante del PSOE de la misma localidad, y del ex futbolista José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez. Para la Guardia Civil, la importancia de este documento reside en que "de manera objetiva, a partir de esa fecha, se puede determinar que era conocido o al menos sospechado, la existencia de intrusos en pólizas financiadas con dinero público, en las que además aparecía como tomadora la Consejería de Empleo".

Para los investigadores, "llama poderosamente la atención la pasividad existente" en la Consejería, lo que permitió que el director de Trabajo, Daniel Rivera, acordase con el Consorcio de Compensación de Seguros el pago de 4,4 millones de euros a resolver la deuda de varias pólizas entre las que se encuentran hasta seis intrusos".