La Junta mantiene que el último atestado de la Guardia Civil sobre el caso de los ERE contiene "acusaciones falsas"; en especial, las referidas contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su condición de anterior consejero de Economía y Hacienda, y a la obstrucción del Gobierno andaluz a la instrucción judicial. Y que, por ello, "no hay motivo" en este atestado para que Griñán ni otros miembros del anterior Consejo de Gobierno, como el ex presidente Manuel Chaves, o la anterior viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo -hoy titular del mismo departamento-, declaren ante la comisión de investigación de los ERE que se abrirá en las próximas semanas en el Parlamento. No obstante, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, matizó que esto es una posición que corresponde a los grupos de la Cámara andaluza. De hecho, el portavoz de IU, José Antonio Castro, aseguró que no descarta solicitar éstas u otras comparecencias, y que "no es bueno" que desde el Gobierno, donde está su federación, se hagan estas declaraciones. Sin embargo, Griñán, anoche desde la Algaba, aseguró que hará lo que decidan los grupos en la comisión.

Con las declaraciones de Díaz, el Ejecutivo andaluz confirma su cambio de estrategia política ante el caso de los ERE, que ha pasado del "caiga quien caiga" a una defensa férrea de su presidente en el momento que se ha comprobado que la instructora lo ha colocado en su punto de mira. No obstante, en el momento de que la juez pudiera apreciar algún indicio acusatorio contra Griñán, debería enviar el caso al Tribunal Supremo debido a su condición de presidente.

"La Guardia Civil y otras fuerzas del orden público son instrumentos del Estado de Derecho, pero también forma parte de un Estado de Derecho discrepar de un atestado". Así se expresó ayer Díaz, al ser preguntada por la intención de la Guardia Civil de seguir "investigando la participación/conocimiento concreto del titular de la Consejería de Economía en éste y otros aspectos", según se hace constar en folio 141 del atestado. En opinión de la Junta, de la declaración que el interventor general realizó ante la Guardia Civil no se deduce que Griñán conociese el fraude de los ERE. Lejos de matizar sus críticas a la instrucción de este caso, que dirige la juez Mercedes Alaya, la consejera de la Presidencia elevó el tono. Si el sábado tildó de "inquisitorial" el proceso ayer recalcó que el atestado "no aporta nada nuevo".

El interventor general de la Junta entre los años 2001 y 2010, Manuel Gómez, declaró ante la Guardia Civil que sus informes de reparo sobre el método de pago de la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para subvencionar los ERE a empresas se los hacía llegar a la viceconsejera de Hacienda con la indicación de que le enviase copia al consejero -Griñán lo fue desde 2004 a 2009-. Así está obligado por un decreto de 1999. Y de ahí, deduce la Guardia Civil, en su condición de Policía Judicial, que Griñán debía conocer el caso de corrupción. Gómez explica en su declaración que no se reunió con él para hablar de este asunto ni tiene constancia cierta de que sus informes le llegasen, aunque sí -"probablemente" y de "modo "general", según el atestado- con la entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Los agentes de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica extienden sus sospechas hacia todo el Consejo de Gobierno en su último atestado.

Díaz también sustenta su grave acusación de falsedad en que los informes del interventor nunca fueron de actuación -una categoría de aviso más grave, una suerte de luz roja-, que sí habría obligado a intervenir a la Junta y que se realiza cuando se aprecia menoscabo de fondos públicos o por reiterados incumplimiento de sus llamados. Gómez sostuvo que en sus informes no encontró menoscabo y que los incumplimientos eran de la Consejería de Empleo -que él no auditaba- y no del IFA. El interventor explicó que el problema del convenio firmado entre Empleo y el IFA era el del control, aunque no detectó ni la presencia de intrusos en los ERE ni ayudas ilegales a empresas relacionadas con militantes del PSOE. El modo de pago arranca de un convenio de 2001 firmado por Empleo y el IFA, que la juez considera ilegal en sí mismo e ideado para sortear los controles y favorecer a determinadas personas y empresas. Díaz mantuvo al término del Consejo de Gobierno que otra de las "falsedades" era la obstrucción de la Junta ante la investigación. "Ayer mismo le enviamos a la juez 140.000 folios con todas las resoluciones del director [es] del IFA desde 2001", aseguró.

La opinión expresada ayer por Díaz de que ni Griñán, ni Chaves ni Martínez Aguayo deben comparecer ante la comisión parlamentaria no es la misma que la de sus socios de Gobierno, IU. Hay que considerar, además, que dos de los mayores implicados en este caso -el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el consejero Antonio Fernández- permanecen en prisión preventiva por orden de Alaya, por lo que la comisión debería solicitar permiso a la juez y a Instituciones Penitenciarias para la declaración.