El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, eludió ayer opinar sobre el reparto del trabajo en el juzgado número 6 de Sevilla, que investiga los ERE fraudulentos, si bien reclamó que la instrucción se haga con "celeridad, rigor y diligencia", porque hay "riesgo de que prescriban algunos delitos".

"El Gobierno no entra a valorar cómo se distribuye el trabajo", declaró el portavoz, quien añadió, no obstante, que está "especialmente interesado en que la instrucción se haga con celeridad porque hay un riesgo real de que prescriban algunos delitos".

Asimismo, Vázquez insistió en la voluntad de la Junta de colaboración con dicho juzgado, al que "ha respondido a todas las demandas de información y también de oficio ha enviado mucha documentación", y con el que las "vías de comunicación están abiertas". Por ello, el portavoz de la Junta precisó que, si hay algún informe requerido por dicho juzgado que no está en la documentación enviado sobre el fraude en los ERE, el Gobierno andaluz lo enviarán.

En este sentido, Vázquez manifestó que la Junta de Andalucía, a través de su personación en el caso de los ERE, está "encima" para "tratar en la medida de lo posible de agilizar" el procedimiento, aunque entiende que el propio juzgado y los magistrados serán "los primeros interesados".