La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto a la juez Mercedes Alaya la obligación de informar periódicamente y en un plazo no superior a dos meses sobre el estado en que se encuentran las cuatro macrocausas bajo su competencia, todo ello con la finalidad de que no se dilate la instrucción de estos procedimientos, entre los que se encuentran el de los ERE fraudulentos y el delito societario que se atribuye al ex máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Sala de Gobierno ha dictado un acuerdo en el que aprueba la propuesta de Alaya de seguir instruyendo las cuatro causas –a las anteriores se unen las relacionadas con el delito societario de Mercasevilla y la venta de los suelos del Mercado- y de retirar a uno de los dos jueces de Adscripción Territorial (JAT) que estaban destinados en su juzgado.

El acuerdo del Alto Tribunal, según ha informado el propio TSJA, expresa a la juez Alaya la “importancia de que no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas”, todo ello a pesar de que la sala de gobierno es “consciente de su complejidad y extraordinaria dedicación” y con la finalidad de que el proceso penal “se ajuste a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia”.

Por ello, ha impuesto a la juez que informe periódicamente a la Sala de Gobierno, en un plazo no superior a dos meses, “sobre la medida de apoyo o refuerzo adoptada, a efectos de conocer su efectividad y si es bastante a los fines de la normalización perseguida en el referido órgano jurisdiccional para, en su caso, proponer al CGPJ otras medidas pertinentes”.

El acuerdo del TSJA ha mantenido la competencia de Alaya para instruir las cuatro macrocausas, al tratarse del “juez natural y ordinario predeterminado por la ley”, todo ello sin perjuicio de que la magistrada colabore con el juez de apoyo y ejerza funciones de sustitución interna.

En cuanto a los jueces de refuerzo, la Sala ha acordado mantener uno de estos jueces durante seis meses, un plazo que podrá prorrogarse por un plazo igual o inferior y su cometido “se proyectará, con plena jurisdicción, en el trámite y resolución de los asuntos ordinarios correspondientes a dicho juzgado, incluidos singularmente todos los procedimientos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento; todo ello, sin perjuicio de colaborar con la magistrada titular y ejercer funciones de sustitución interna”.

En cuanto a cuál de los jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, se quedará en el juzgado, el acuerdo señala que será el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien designe al juez concreto “que deba apoyar al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que, al mismo tiempo, valore destinar al segundo JAT para cubrir alguna de las vacantes existentes en Sevilla”.