Ocurrió en la mañana del viernes. La juez Mercedes Alaya, que esta semana se reincorporó a su puesto como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de casi seis meses de baja, se reunió con los dos jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes Pérez, y poco después los tres mantuvieron un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Esos encuentros tenían por finalidad establecer cómo iba a ser la supuesta distribución de las importantes causas que se investigan en este juzgado tras el regreso de Alaya. La titular del juzgado, como era de esperar y conociendo su vehemente carácter, descartó cualquier reparto. Alaya ha querido dejar claro que el caso de los ERE, el del delito societario del Real Betis y las otras dos causas relacionadas con la empresa pública de Mercasevilla, son suyas y no va a permitir que nadie meta mano en la instrucción de estos procesos, por expresarlo de una manera coloquial.

¿Pero entonces para qué quedan los otros dos jueces? Según la teoría alayística, como jueces de refuerzo que son, están para ayudar y colaborar con la juez en la marcha del juzgado, es decir, para la instrucción del resto de casos ordinarios y la celebración de los servicios de guardia que Alaya no quiera hacer por sí misma. Y es que esta misma semana, la de su reincorporación, la juez ya estuvo haciendo una guardia.

¿A alguien le extraña este planteamiento conociendo el temperamento de la juez? Alaya tiene parte de razón, porque el caso de los ERE es hoy lo que es gracias a ella y a su peculiar manera de instruir y llevar la investigación al límite. Otra cosa es que Alaya pudiera ceder y dejar que alguno de los jueces de refuerzo instruyera, por ejemplo, la causa por el delito societario de Mercasevilla, porque esta investigación prácticamente ni siquiera ha empezado y los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce están imputados desde mayo de 2010 sin que se les haya aún tomado declaración, algo por supuesto que no debería consentirse porque va en detrimento del derecho de los propios imputados. Las otras dos causas pendientes, la del delito societario del ex máximo accionista del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, están muy avanzadas y podrían cerrarse pronto, por lo que podría finalizarlas Alaya sin mayores contratiempos.

Sea como fuere, Alaya dio un golpe sobre la mesa en la mañana de este viernes y recordó que, por encima de todo, ella es la titular del juzgado. Hubo alta tensión en el encuentro con los jueces de refuerzo e incluso hay quien apunta que Ana Rosa Curra, con la que Alaya no tiene mucho feeling (se comenta que incluso tuvieron un enfrentamiento en una junta de jueces), salió bastante molesta, incómoda y visiblemente afectada del despacho de la juez Alaya.

La segunda reunión, con el presidente del TSJA, tampoco fue como Lorenzo del Río esperaba. Alaya expuso al presidente del Alto Tribunal andaluz su visión de lo que había ocurrido en su ausencia y sus planes de reasumir la dirección de todos sus casos. Y el presidente le pidió a la juez un informe sobre la redistribución del trabajo en el juzgado para su estudio el próximo martes por la sala de Gobierno del Alto Tribunal.

La postura de Alaya es comprensible, hasta cierto punto. Hay que entender que nadie que se ausenta de su trabajo por motivos de enfermedad le guste ver cómo otro compañero ha ocupado su despacho y está mirando sus documentos, por decirlo de alguna manera gráfica, pero los jueces de refuerzo son también profesionales de carrera, no sustitutos, y por lo tanto, son tan válidos y capacitados como Alaya para instruir estos casos. Y además Alaya no debe olvidar que los jueces no dejan de ser servidores públicos, aunque estén adscritos a un poder independiente, y que el interés general de los ciudadanos debe estar por encima de los personalismos.

Alaya sigue siendo Alaya, y por lo que se ve ha vuelto de su baja con las pilas recargadas. Una juez que ha soportado todas las presiones habidas y por haber en el asunto de los ERE fraudulentos, a buen seguro que tiene claro que puede salir airosa de este pulso al TSJA. Al fin y al cabo, el Alto Tribunal andaluz no puede ordenar que haya un reparto de las causas entre los tres jueces, aunque sí puede exigir que haya resultados y que los procesos no se eternicen, que se impulse verdaderamente la instrucción.

Habrá que esperar a ver qué dice el informe de la juez Alaya y la respuesta que dé el TSJA. Quizás todo esto se podría haber evitado habiendo dejado al juez sustituto Iván Escalera, con el que Alaya se entendía perfectamente y que había incluso comenzado a estudiar el caso de los ERE en su ausencia, pero el TSJA lo envió a un juzgado de lo Social y trajo a Ana Rosa Curra en su lugar.

De los macroprocesos que ha instruido la juez Alaya, sólo uno ha llegado a juicio, el del intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla. El veredicto de culpabilidad dictado en relación con los ex directivos de Mercasevilla y el ex delegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas ha supuesto un aval a la instrucción de Alaya, que decidió sentar en el banquillo a Rivas a pesar de reconocer que, en el caso de este alto cargo de la Junta, las pruebas contra él eran débiles.