Los negocios que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas propuso a la familia Ruiz-Mateos eran "una minucia" dentro de la actividad de Nueva Rumasa y nunca se le pagaron comisiones por intermediar en los ERE de las empresas del grupo. Así lo explicaron dos de los hijos del empresario jerezano, Javier y Pablo Ruiz-Mateos, a los que la Fiscalía Anticorrupción reclamó una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros una vez que ambos prestaron declaración ante la juez Alaya, que les imputó un delito de malversación de caudales públicos en relación con el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), donde aparecieron dos intrusos.

Javier y Pablo Ruiz-Mateos responsabilizaron a su padre de las decisiones últimas que se adoptaban en torno a los negocios del grupo Nueva Rumasa, al que pertenecía el hotel Cervantes, y aseguraron con respecto al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas que éste actuaba como un "intermediario" más del grupo. En concreto, Javier Ruiz-Mateos, que coordinaba los pagos del grupo, afirmó que vio en varias ocasiones a Juan Lanzas, que era un colaborador más que proponía negocios como la compra-venta de empresas que estaban atravesando problemas financieros o laborales y la adquisición de inmuebles, pero subrayó que estos negocios eran "una minucia" dentro de la actividad del grupo Nueva Rumasa.

La juez Alaya sostiene, en cambio, que Nueva Rumasa pagó más de un millón de euros en comisiones a Juan Lanzas por su intervención en cinco ERE del grupo, a razón de 600.000 euros por cada ERE y que Juan Lanzas recibía sobres con 20.000 o 25.000 euros que se le entregaban cada 15 días o un mes. Sin embargo, el hijo del empresario jerezano sostuvo que Lanzas no cobró por intermediar en "ningún ERE", aunque sí cobraba por distintos conceptos de Nueva Rumasa por los negocios que proponía, explicaron fuentes del caso.

Según Javier Ruiz-Mateos, su padre era la persona que daba el visto bueno a todas las operaciones y por cuyas manos pasaba toda la gestión del grupo empresarial. El hijo del empresario señaló a este respecto que transmitía semanalmente a su padre un cuadro con las necesidades financieras de las distintas empresas y era el propio José María Ruiz-Mateos el que decía los pagos que debían hacerse, si bien posteriormente una vez tomada esa decisión cada empresa tenía su particular forma de gestionarse y realizar sus pagos.

Algunas fuentes apuntan que estas declaraciones con respecto a la intervención de José María Ruiz Mateos en las decisiones trascendentes para las empresas del grupo podrían llevar a la juez Mercedes Alaya a decidir en breve sobre la posible imputación del empresario.

Por su parte, Pablo Ruiz-Mateos, que se encargaba de la división hotelera del grupo, afirmó en su comparecencia ante la instructora que no estaba al corriente de los temas financieros y también rechazó que conociera al ex sindicalista Juan Lanzas.

Al término de esta declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza civil de 8,5 millones para cada uno de los hijos de Ruiz-Mateos, una cantidad que surge de los más de 6,4 millones que pagó la Junta de Andalucía por la póliza del ERE del hotel Cervantes más el tercio legal correspondiente. La acusación particular que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias se adhirieron a esta petición de fianza civil.