El Sindicato Médico de Primaria (SMP), la asociación médica Basta Ya y Facua han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a las movilizaciones que ha convocado la Coordinadora de Mareas Blancas en las ocho provincias andaluzas el 25 de marzo bajo el lema 'La salud no se vende', con el objetivo de defender la sanidad pública.

Por su parte, el SMP y Basta Ya han subrayado la necesidad de hacer visible en todas las capitales de provincia "el descontento y la preocupación sentida por la población debido al deterioro que, desde hace mucho, lleva sufriendo la asistencia sanitaria pública en nuestra comunidad", según han registrado en un comunicado

Además, desde la asociación médica Basta Ya y el Sindicato de Médico de Atención Primaria han expresado su "apoyo contundente a esta iniciativa", y "nos sumamos a ella, no sólo como profesionales médicos y trabajadores de la sanidad pública, sino también como parte de la ciudadanía".

Por último, ambas organizaciones han destacado que "es hora de que alcemos la voz y colaboremos para encontrar soluciones razonables a la situación de colapso y de falta de recursos de los que adolece el sistema sanitario, sobre todo la atención primaria", por tanto, "exijamos un sistema sanitario sostenible, autosuficiente, eficaz, con calidad y calidez con las personas enfermas y con los profesionales", han concluido.

Por su parte, Facua ha recordado que en el cómputo de 2022 "la Consejería de Salud derivó a la sanidad privada a más de un millón de pacientes andaluces, un dinero de los impuestos que se entregó a las empresas particulares en lugar de invertirlo en recursos, medios y personal para la mejor asistencia y calidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", han manifestado desde la organización en un comunicado.

En este sentido, desde la federación han manifestado que políticas como la orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios o conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el SAS, publicada el 3 de marzo de 2023, suponen una "involución" y "un cambio de modelo desde un sistema público a un modelo distinto por el que la ciudadanía tendrá que costear el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias".

En este contexto, Facua Andalucía considera una "obligación ética y ciudadana defender la sanidad pública". Por ello ha pedido una participación "masiva" en las manifestaciones para frenar las políticas que impulsan el cambio de un modelo de gestión pública a uno concertado en favor de los intereses y de la rentabilidad económica de empresas privadas, y al mismo tiempo han advertido que "el proceso de degradación al que se está sometiendo al sistema público de salud en Andalucía supone un empobrecimiento para el conjunto de la ciudadanía".

"Se está produciendo una desamortización de lo público donde está en juego nuestra salud y la de nuestras familias, pero este proceso afecta a nuestra capacidad económica porque supone destinar nuestro salario a cubrir las necesidades sanitarias y tiene un impacto notable en la economía de la clase trabajadora", han argumentado.

Acción "unilateral y sin consensos"

El presidente de Facua-A, Manuel Baus, ha expresado que la ciudadanía debe dar "una respuesta contundente al ataque privatizador al Estado de Bienestar". En esta línea, Baus ha recalcado que, al otro lado, "son insaciables en el objetivo de hacer negocio tanto con la sanidad pública, como con la educación o con las pensiones", y ha expresado que las políticas de desmantelamiento del sistema sanitario público en Andalucía "chocan con los principios, con los valores y con el modelo de organización de nuestra federación".

La "polémica" orden que el Gobierno andaluz ha publicado el 3 de marzo, aunque luego rectificada en dos ocasiones, ha salido adelante "sin atender a las aportaciones de la oposición de izquierdas al Gobierno del PP Andaluz, los sindicatos sanitarios y los agentes sociales".

"Esa unilateralidad cuestiona la vocación de diálogo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresó al asumir la presidencia de la Junta, y con esta orden se abría la puerta de facto a concertar la atención primaria con la sanidad privada, fijando por primera vez un precio para consultas con el médico de familia", ha concluido Baus.