Las claves de la nueva financiación autonómica

1.- Oportunidad política. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sabe que no podrá implantar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha anunciado porque tendrá que dimitir de su cargo para ser la candidata del PSOE en Andalucía nada más que Juanma Moreno convoque las elecciones. Pero también es consciente de que plantear una propuesta que resuelva el agravio económico que la comunidad andaluza lleva sufriendo desde 2009 podría darle el empujón político que necesita. Sobre todo porque rompería el discurso de confrontación que el Gobierno andaluz explota con éxito social y con datos (siguiendo, además, el mismo esquema que funcionó al socialista Manuel Chaves durante años). Su plan de trabajo pasa por presentar este nuevo modelo antes del 28F, Día de Andalucía, y mostrarse como la solución a un problema enquistado. La pregunta es, claro, cómo va a conseguirlo.

2.- Ninguna comunidad saldrá perjudicada. La vicepresidenta ha dejado claro un mensaje. En el modelo en el que está trabajando no habrá ninguna comunidad perjudicada. No ha desvelado cómo lo va a hacer pero sí que “se reducirán las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado” como sucede ahora. Y eso sólo puede lograrse con más dinero que consiga equiparar por arriba a todas las autonomías. ¿Cuánto dinero hace falta? 31.000 millones de euros más según los cálculos del mayor experto en financiación autonómica, el economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación Fedea. Según estas cuentas, sólo Andalucía recibiría al año 7.500 millones de euros más cada año, una cantidad que está muy por encima de la que reclama el Gobierno andaluz que es de 1.528 millones de euros al año para estar en la medida de financiación de las comunidades autónomas. Es una importante cantidad que las arcas del Estado tendrían obtener por otros medios o detraer de otras políticas.

3.- Los impuestos. María Jesús Montero siempre ha defendido una política fiscal en contra de la competencia desdeal entre comunidades autónomas, lo que se conoce como dumping fiscal. Una de las exigencias de ERC es la recaudación de los ingresos tributarios que se devengan en Cataluña y su gestión a través de una Agencia Tributaria propia. Montero habla de una “gestión en red” del sistema tributario entre las administraciones autonómicas y la agencia estatal. Y en este contexto, no descarta que se incremente el porcentaje cedido a las comunidades autónomas en el IRPF y el IVA, además de los impuestos especiales. Es más, hay opciones de que se ceda la gestión del impuesto a la banca.

4.- La ordinalidad. Claro que en este planteamiento hay un asunto importante por resolver. Los independentistas catalanes reclaman que el nuevo modelo de financiación respete el principio de ordinalidad, es decir, que las comunidades autónomas que más aporten sean las que más reciban. Un principio al que siempre se ha opuesto Andalucía porque en lugar de fomentar la convergencia incrementa las distancias entre territorios. La ministra de Hacienda ha evitado pronunciar esa palabra al referirse al modelo en el que está trabajando; se limitó a decir “podría contemplarlo”. Si cada comunidad gestiona sus propios ingresos, como reclama Cataluña que quiere recaudar íntegramente el Impuesto de la Renta, luego tendrían que aportar una parte a las arcas del Estado. Es decir, un cupo como hacen ahora País Vasco y Navarra, siguiendo, en estos dos casos, lo recogido en la Constitución.

5.- Solidaridad interterritorial. Es otro de los principios que rige el actual modelo y que Montero asegura que mantendrá en su propuesta. Y que será “explícita, transparente y basada en criterios objetivos”. Se pretende evitar así la oscuridad que rige el cupo vasco, cuya cuantía anual permanece oculta a las comunidades autónomas.

6.- Multilateralidad y bilateralidad. La mayoría de las comunidades autónomas defiende una negociación multilateral para definir el nuevo reparto de fondos entre las comunidades autónomas para sufragar los servicios públicos. Salvo Cataluña que negocia de manera bilateral y que ha acordado fondos por 24.000 millones con el Gobierno central. María Jesús Montero ha defendido que se van a conjugar ambos principios, “se van a tener en cuenta las singularidades territoriales”. Una propuesta que no convence a los diferentes gobiernos autónomicos, incluyendo a los del PSOE. Está por ver cómo se desarrollará este principio cuando se incluya en la redacción del modelo.

7.- Todo el modelo a la vez. El actual sistema de financiación autonómica responde al acuerdo firmado en 2009 entre el Gobierno de Zapatero y la ERC de Carod Rovira. Caducó en 2014 pero sigue vigente. Desde entonces, se han planteado varias reformas pero ninguna ha salido adelante por las tensiones territoriales. Se han negociado a trozos, con variables como la población ajustada o la dispersión de la población pero no se ha avanzado. La propuesta del Ministerio de Hacienda es plantear una reforma en su totalidad en la que se pueda ver el resultado global para Extremadura, Galicia, Andalucía o Cataluña.