Al término de la comparecencia conjunta ayer en la sede del PP andaluz tras reunirse con el presidente de la formación, Javier Arenas, tres grandes críticas podían recopilarse en boca de los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana y CCOO-A, Francisco Carbonero. En ninguna los gobiernos socialistas en Madrid o Sevilla quedaron bien parados. No había marco más adecuado.

Primera, la reforma laboral, que motiva la convocatoria de huelga general el 29 de septiembre. Segunda, la petición de una mayor responsabilidad al PSOE para avanzar en el proceso de fusión de las cajas y en la reclamada oferta conjunta de Unicaja y Cajasol para que la desaparecidaCajasur no salga de Andalucía .

Y tercera y más amenazante: un aviso a la Junta de Andalucía sobre su política de ajuste del gasto , en una doble línea. Una, ni UGT ni CCOO permitirán una merma en los derechos de los empleados de las empresas públicas que se vean afectadas por la anunciada reestructuración del sector público andaluz -cuya aprobación ultima el Ejecutivo para el Consejo de Gobierno del próximo martes- y que, anunció Pastrana, motivaría que los sindicatos se echasen a la calle. Y otra, que los próximos presupuestos incluyesen recortes en políticas sociales en lo referente al gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

Arenas dio un golpe de mano al darles a conocer a los dirigentes sindicales el documento que presentó la Junta ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se prevén recortes en guarderías, plazas de profesores o chares, entre otros. El texto es el mismo que blandió el dirigente popular bajo el calificativo de "agenda oculta" ante el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el pleno de hace dos semanas y que desconocían incluso muchos de sus consejeros. Carbonero consideró "sorprendente" este plan económico y financiero y agradeció "sinceramente al PP que nos haya hecho llegar las pretensiones el Gobierno andaluz sobre los ajustes firmados en la concertación (en noviembre, junto a empresarios). "No renegociaremos a la baja", amenazó Carbonero, visiblemente disgustado con la falta de diálogo del Ejecutivo de Griñán.

Todo lo contrario, aseguraron los dirigentes sindicales, encontraron en la actitud de Arenas, quien "se ha comprometido a que si llega al poder, las reformas serán pactadas y progresivas y en ningún caso tenderán a la disminución del gasto social", expuso Pastrana. Preguntado sobre los recortes sociales, Carbonero pidió tiempo para analizar el documento de la Junta entregado por el PP.

La otra demanda de diálogo al Gobierno andaluz versó sobre la próxima reordenación del sector público. Un 43% de los entes actuales serán fusionados o suprimidos. De lo contrario, los sindicatos estarán en la acera de enfrente protestando con sus trabajadores. Pastrana advirtió que ésta "termine convirtiéndose en la antesala de una reducción de los servicios" y consideró que a veces estas decisiones se toman como un "paripé y un juego de apariencias" que buscan "cabrear" al personal.

Carbonero profundizó en el rechazo por la situación en la que quedan los trabajadores de los distintos entes que se pretenden fusionar y calificó de "fracaso" una regulación a través de decretos sin contar con los representantes de los trabajadores.

De no ser así, añadió Carbonero, "ese decreto será ganado en los tribunales, como en otras ocasiones y generará mayor conflictividad", amenazó. Los sindicatos ya se negaron a que se igualasen los recortes salariales de los funcionarios a estos empleados públicos.

Los dirigentes sindicales valoraron la voluntad negociadora del PP y, de hecho Arenas les garantizó que su grupo político negociará en Madrid con los sindicatos las enmiendas que presentará a la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria, bajo el eje de la reforma pactada en 1997. Sería "paradójico" un acuerdo con el PP tras dos años de negociación con el gobierno, ironizó el secretario general de CCOO.