Con la llegada de la época estival, el litoral granadino se prepara para recibir a foráneos y residentes en busca de un descanso y tiempo de recreo cerca de la orilla del mar. Largas jornadas al sol, disfrutando en chiringuitos y establecimientos hosteleros del clima y el ambiente, los niños jugando a las palas cerca de la orilla del mar, olor a protector solar, espetos de sardinas y de noches de paseo junto a la brisa marinera. Los ayuntamientos del litoral se preparan para comenzar los meses álgidos de turistas poniendo a punto sus instalaciones, y... es el momento de conocer los puntos negros que cada año Ecologistas en Acción pone en evidencia tras analizar los 8.000 kilómetros con los que cuenta el litoral español para señalar aquellas zonas más características de afecciones por contaminación y mala gestión ambiental.

Y que este año presenta una gran sorpresa en la provincia de Granada al poner los ecologistas en el punto de mira la playa de La Herradura por "su mala gestión". Por lo que, este año este enclave de la costa compartirá la Bandera Negra de Ecologistas en acción con la Bandera Azul otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que certifican el trabajo bien hecho, la calidad de sus aguas y servicios. Dos reconocimientos, a priori, incompatibles y que pone sobre el foco, entre otras cuestiones la reivindicación de los vecinos de Almuñécar por el malestar con las motos acuáticas. 

El informe, elaborado por los ecologistas, saca en esta ocasión a la Playa de La Charca-Salomar (Salobreña), presente en la lista negra de 2022, y mantiene a la Playa de La Rábita - El Pozuelo (Albuñol) por mala gestión y contaminación.

Por zonas, señalan que el motivo de incluir la ribera herradureña en la lista negra se debe a un "uso desorbitado de actividades acuáticas y turísticas, que acarrean consecuencias como la circulación de tractores por el paseo marítimo y la playa que arrastran embarcaciones desde y hasta la marina seca". Además, señalan que en la actualidad se está construyendo un chiringuito permanente de obra de grandes dimensiones en plena playa con licencia municipal, privatizando un terreno público. Aunque según fuentes municipales consultadas por este periódico inciden en que dicho establecimiento hostelero no sería responsabilidad municipal ya que sería una autorización de Costas. 

Por otra parte, ponen el foco sobre la proliferación de motos acuáticas que provocan contaminación acústica y física, ocasionando daños a la fauna y flora marina y molestias e inseguridad a usuarios y buceadores, aunque realmente se trata de un problema más extendido y que afecta a diversos municipios del litoral andaluz. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) también es objeto de críticas a juicio de los ecologistas al contemplar la construcción de un gran hotel en la primera línea de playa y 4.000 nuevas viviendas en la zona de la vega del río Jate, lo que "supondrá la urbanización de todo frente litoral de esta playa y la masificación de una zona ya sobrecargada". En este sentido, inciden en que la playa de La Herradura sufre desde hace años "la privatización progresiva de su superficie por concesiones a empresas privadas y chiringuitos. Existen en su entorno numerosas urbanizaciones y construcciones aisladas no conectadas al alcantarillado y varios emisarios ilegales, lo que genera vertidos a sus aguas y la aparición de manchas en superficie, mucho más frecuentemente en verano cuando la población se multiplica". Además, señalan que desde hace años se realizan movilizaciones ciudadanas contra el descontrol de actividades náuticas y turísticas, en especial las motos de agua.

Al hilo, inciden en que la administración local ha hecho de esta playa un inmenso negocio en detrimento de su uso por los ciudadanos y de los valores naturales de este enclave, situado entre dos zonas marítimo-terrestres protegidas de enorme valor ambiental, el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y la Zona de Especial Conservación Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de La Mona. Y entre las soluciones que proponen se encuentra la dotación de una red de alcantarillado que permita la depuración de la totalidad de sus aguas residuales, la desclasificación de los nuevos suelos urbanizables, considerando la playa  más allá de la especulación urbanística, o regular los usos turísticos de la playa y la bahía, así como que se cumpla la legislación en las zonas protegidas colindantes que se ven gravemente afectadas. 

Por otra parte, ponen el foco en la Playa de La Rábita- El Pozuelo, por la regeneración con áridos realizados en las últimas fechas,  ya que según señalan el estado actual vuelve a ser preocupante al encontrarse plásticos, envases y basuras diversas esparcidas a lo largo de la ribera, así como en los fondos marinos cercanos, que provocan "lixiviados y gases tóxicos que contaminan la zona". Algo que a juicio de Ecologistas en Acción podría afectar a la salud de los usuarios de la playa y contaminará las aguas y fondos marinos.

Se trata de una playa que años atrás ya preocupaba a los ecologistas y que incluso tuvo durante varios años las citadas banderas negras. Después de un largo proceso judicial, iniciado por Ecologistas en Acción, en el año 2008 las primeras resoluciones judiciales instaron a la recuperación de la zona y a desmontar losinvernaderos. Unas medidas de recuperación que, según resaltan, no se hicieron efectivas hasta el año 2018 por la oposición de los ocupantes ilegales y por la desidia de las administraciones competentes. En el año 2021, una vez ejecutado el deslinde, esta playa fue limpiada y regenerada por un proyecto del Ministerio deTransición Ecológica, licitado por más de 2,7 millones de euros, para llevar a cabo las obras para el acondicionamiento del litoral de Albuñol, con el fin de regenerar un área de playa que había estadoocupada de forma ilegal por invernaderos. Los trabajos consistirán en la demolición y desmontaje de la escollera existente en el frente marítimo -que conformaban las defensas para proteger los cultivos bajo plástico- y la retirada de la tierra contaminada con restos de plásticos.

En el histórico de la provincia de Granada aparecen las playas de La Rábita- El Pozuelo (2020) por la contaminación existente tras la demolición de los invernaderos de la zona;  el Peñón de Salobreña (2020), por la urbanización de una de las últimas playas vírgenes de la provincia; las Azucenas de Motril (2019), por vertidos sin depurar a la ribera;  o el Peñón y la Guardia (2019), por mala gestión ambiental e impacto urbanístico, entre otros.

La campaña Banderas Negras, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.