Las cofradías y hermandades de Motril saldrán a la calle para hacer estación de penitencia este Semana Santa pese a la negativa de la Policía Local de realizar servicios extraordinarios hasta que no se aseguren una serie de reivindicaciones que van desde el cobro de las horas extras adeudadas, hasta la equiparación salarial. Una decisión que llega con una serie de medidas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas, que sorprende a muchos, y que pasa por el blindado del centro, la contratación de una empresa externa para el refuerzo de señalética y vallado o el uso de voluntarios. 

El Ayuntamiento ha aprobado un decreto para asegurar la seguridad ciudadana durante esta celebración, y ha programado el cierre de las vías urbanas que se verán afectadas por los recorridos de las procesiones, con el objetivo prioritario de mantener la seguridad de los participantes y asistentes, manteniendo también la mayor normalidad posible para los vecinos y la vida ciudadana y sus servicios. De hecho, numerosos carteles colocados en la zona céntrica de la ciudad avisa a los vecinos con cocheras la prohibición de circular por dichas vías durante determinadas horas del día para evitar problemas. 

Según señalan desde el Consistorio, el dispositivo especial cuenta con informadores y voluntarios para asegurar que las cofradías y los ciudadanos discurran por estos tramos con seguridad, e insisten en que, de acuerdo con lo tratado en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 20 de marzo de 2023, se van a ejecutar los protocolos y dispositivos de seguridad. A pesar de que la Policía Local no prestará un servicio de horas extraordinario, el Ayuntamiento espera contar con el servicio ordinario de agentes policiales.

Unas medidas que para el Sindicato Independiente de la Policía Local de Motril (SIPLG) son "una barbaridad" al no contemplar los peligros reales que suponen, por ejemplo, blindar el centro sin la supervisión del personal competente para ello. "En el tráfico rodado de la vía pública, el único responsable es la Policía Local, e intentar controlar el paso con elementos fijos puede provocar que alguna persona quiera retirarlos puntualmente para pasar con sus vehículos, ya que nadie puede estar vigilando ni pueden decirle a un vehículo que no pueden pasar, y en el caso de que no se puedan retirar en ningún momento se perjudica a los propios vecinos y comercios de la zona", explica el representante del SIPLG, Daniel Ortega. 

Sobre el anuncio del uso de personal voluntario para regular el tránsito, considera que es "la medida más grave" de las anunciadas, "nadie puede cortar una vía pública, realizar una regulación del tráfico, retirar un vehículo dentro de un itinerario ni crear salidas o entradas para vehículos de emergencia, si no es la Policía Local, por lo están poniendo en peligro a la ciudadanía poniendo a personas que no son capaces de acometer estas medidas, al no ser autoridad pueden tener muchos problemas que, nosotros mismos como policías hemos tenido en más de una ocasión".

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Mª Ángeles Escámez, señala que es importante que la Semana Santa de Motril siga adelante por el beneficio económico que supone para los negocios de la ciudad y por la gran inversión que las mismas cofradías han realizado, "se va a intentar que haya la mayor seguridad posible para que todas las cofradías discurran con seguridad, además la seguridad ciudadana la tenemos garantizada con la Policía Nacional, en relación al tráfico, la alcaldesa ha lanzado un bando y anuncia el acuerdo con una empresa privada para las señalizaciones", y añade que no comparte la decisión de "cubrir" con voluntarios la Semana Santa. "Si la alcaldesa como máxima representante del Ayuntamiento entiende, con el bando que ha publicado, y le garantizan que se puede hacer solo con voluntarios, no podemos entrar en más debates", e incide en que no se puede cuestionar "en ningún momento" la profesionalidad y el trabajo que realizan tanto la Policía Local como Bomberos. 

Escámez asegura que se ha intentado solucionar el problema desde el primer momento, que no es más que "un problema de abrir un poco la mente y ver que no todo es blanco o negro. Me parece muy bien que la secretaria del Ayuntamiento diga que no se puede hacer, pero que de una solución. El problema no es exclusivo de Motril -haciendo alusión a la reducción horaria de 35 horas semanales-, es una Ley que dice que todos los funcionarios de España tienen que trabajar 35 horas y han conseguido solucionarlo otros habilitados en Granada o Salobreña. Tenemos que encontrar una solución y no obligarles a trabajar 37 horas y media cuando están cobrando 35". La problemática afecta tanto a la plantilla de la Policía Local como a la de los Bomberos. 

Aprobación por error

Este viernes el grupo municipal de VOX ha presentado una moción de urgencia sobre el estado del servicio de la Policía Local y Bomberos, votada por puntos, y que si en un primer momento se creía que había sido rechazada por mayoría, tras una segunda revisión una vez finalizado el pleno, han sido aprobados algunos puntos. 

En este sentido, el representante del SIPLG señala asombrado que "por error o no", les han comunicado que finalmente se ha aprobado la moción. "Es justo señalar que varios concejales del grupo de Gobierno entendían que nuestras reivindicaciones son justas y han decidido ir en contra de lo que la mayoría del equipo decidía -Mª Ángeles Escámez (MÁS Motril), José Lemos y Débora Juárez (Ciudadanos), Miguel Ángel López (VOX), David Martín (AXSí) y PSOE, además del abandono de la sala para no votar de IU-, además, un concejal de PMÁS ha votado varios puntos positivos, ha surgido la duda y se han tenido que revisar las imágenes para comprobar el resultado. De igual forma, esto no para nuestras reivindicaciones porque quien tiene que tomar la decisión final -área de Personal y Economía- han votado en contra, demostrando que no querían que saliese adelante. No podemos confiar en que se vaya a ejecutar". 

Además, siente que pese a que hace algunas fechas la alcaldesa, Luisa García Chamorro, aseguró en declaraciones a medios que iba a llevar a pleno el expediente y a aprobarlo, algo que "ni ha llevado finalmente el acuerdo ni ha cumplido con su palabra al votar de forma negativa". 

Al hilo, lamenta que la situación seguirá para largo y tendrán que "pelear en los tribunales" sus derechos, aunque tienen la mano al equipo de Gobierno para intentar desbloquear, de una vez por todas, la situación y no llegar al extremo de verse en los Juzgados.