Una nueva agresión en un centro sanitario de la costa de Granada. La más brutal, aunque no la única que se ha registrado en las últimas fechas, a un celador de guardia en el centro de salud de Castell de Ferro, quien fue agredido por un usuario en fin de año. 

Durante el 2023 las agresiones a personal sanitario se incrementó un 75% con respecto a 2022, de las 28 agresiones que se produjeron, 12 se perpetraron en el ámbito hospitalario y otras 16 en la atención primaria. No son casos aislados, los profesionales sanitarios ven como cada vez este tipo de agresiones aumentan en número y en repercusión. Sin ir más lejos, a principio de 2023 en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, un enfermero, una celadora y dos agentes de seguridad resultaron malheridos tras recibir múltiples patadas, arañazos y puñetazos, además de amenazas de muerte. Las agresiones no han cesado, en mayo un celador conductor sufrió una agresión en Armilla cuando tramitaba la admisión de un paciente y éste le propinó varios puñetazos; meses después una médico de familia del centro de salud de Atarfe, era golpeada por dos mujeres mientras pasaba consulta. 

Motivo por el que la Gerencia y el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada se han concentrado a las puertas de los principales centros de Salud y Urgencias hospitalarias de la Costa para mostrar su repulsa y gritar que están hartos de las agresiones físicas o verbales de las que son objeto los profesionales durante el desempeño de sus funciones de manera reiterada.

Durante la concentración, y a través de la lectura de un manifiesto, se ha querido recordar a la ciudadanía que cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal, es una lacra social intolerable e injustificable desde todo punto de vista y en ninguna circunstancia podemos consentir, ni aceptar.

Las agresiones a profesionales sanitarios son consideradas un delito contra la autoridad (según viene recogido en el Código Penal) y por ello cualquier amenaza, coacción, agresión física y/o verbal, o cualquier otra actuación ilícita o que suponga alguna forma de acoso o persecución contra los profesionales de los centros sanitarios públicos, puede denunciarse por la vía penal, incluidas los insultos, vejaciones o descalificaciones que tengan por objeto desacreditar públicamente la profesionalidad de un trabajador del ámbito sanitario, aunque éstas sean expresadas en las redes sociales o mediante cualquier otro medio que lo difunda.

Señalan que los profesionales del sistema sanitario público ponen todo su esfuerzo para atender las necesidades de salud de la población en base a criterios clínicos y valores éticos. "La desconfianza, la exigencia desmedida y la agresividad por parte de pacientes y/o acompañantes, generan malestar y estrés entre los profesionales y con ello solo consiguen mermar su ilusión y su capacidad de respuesta ante la necesidad de asistencia sanitaria".

Al hilo, inciden en que "hacer un uso adecuado de las instalaciones y los recursos sanitarios, así como respetar las normas y a los profesionales, es un deber de toda la ciudadanía. La sociedad que no respeta y no valora a sus profesionales sanitarios es una sociedad en decadencia".