La lucha de la Guardia Civil contra las narcolanchas parece perdida de antemano, como ha demostrado la muerte de dos agentes este viernes tras ser embestidos por una de estas embarcaciones en el puerto de Barbate (Cádiz). Los narcos emplean embarcaciones que rondan los 55 nudos (100 kilómetros/hora), mientras que las embarcaciones de que dispone la Guardia Civil en la Costa granadina llegan, en el mejor de los casos, a los 45.

Fuentes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) consultadas por este periódico informan que en el litoral de Granada el Instituto Armado se encuentra "inoperativo" en la lucha contra los narcos, ya que de las tres embarcaciones que tienen para este fin, tan solo una puede alcanzar la velocidad necesaria, pero tiene un uso restringido a raíz de un fallo en el turbo, lo que le impide alcanzar velocidades superiores a los 45 nudos, unos 85 kilómetros por hora. 

Se trata de la Río Aragón, una patrullera que pese a ser la más potente con la que cuenta la Guardia Civil granadina, al estar averiada solo se pone en marcha en casos de emergencia, según explican a Granada Hoy fuentes de la AEGC, quienes puntualizan que, pese a todo, esta embarcación sí podría alcanzar esa velocidad de las narcolanchas si estuviese completamente operativa. 

Con esta mermada, la Guardia Civil tiene a su disposición otras dos embarcaciones que sí funcionan con normalidad, la Río Genil, que en su máxima velocidad alcanzaría los 30 nudos, unos 55 kilómetros por hora, casi la mitad de la velocidad que suelen alcanzar las narcolanchas. 

Ambas embarcaciones se incluyen dentro de las patrulleras clase Rodman. La primera de ellas, Aragón, es la más rápida entre las de casco rígido, pudiendo alcanzar, en óptimas condiciones, los 50 nudos de velocidad; se trata de unas embarcaciones de 17,33 metros de eslora, 3,80 de manga y 2,10 de calado, con un desplazamiento de 20 toneladas, 2.600 caballos de potencia y autonomía de 350 millas.

Por su parte, la familia a la que pertenece la Río Genil, tienen unas dimensiones de 20,5 metros de eslora, 4,9 de manga y 1,4 de calado, con un desplazamiento de 36 toneladas y una autonomía que rondaría las 500 millas.

Algo diferente es la situación de la S-24, una embarcación adquirida en 2015, con dos motores de cuatro tiempos de gasolina de gran cilindrada que rinden a 300 caballos de potencia cada uno, pero que nuevamente no puede alcanzar al velocidad de los vehículos utilizados por los narcotraficantes, ya que solo llegaría a los 40 nudos.

La S-24 es, además, la unidad más joven de que dispone el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Granada, ya que la Río Genil entró en servicio en 2010, mientras que la Río Aragón está pronto de cumplir los 20 años de servicio, pues comenzó a prestar servicio en 2005.

Ante esta situación, desde la AEGC aseguran que no son "competitivos" para la lucha contra el narcotráfico, una situación que tampoco tiene visos de cambiar, ya que, de momento, no hay previsión ni de que se vayan a incorporar nuevas patrulleras al Servicio Marítimo de la Guardia Civil ni de que se mejoren las que actualmente existen.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes, durante un acto celebrado en Granada, al Gobierno central una correcta dotación de medios para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico en las costas de Andalucía y en la provincia de Cádiz. "No podemos ir a esa batalla con menos medios que aquellos a los que nos enfrentamos", ha advertido a preguntas de los periodistas durante un acto en la Universidad, donde ha condenado el "vil asesinato" de estos dos agentes que estaban realizando su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, un "hecho deleznable".

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Guardia Civil para conocer su opinión referente a este asunto, pero aún no ha obtenido una respuesta. 

Prohibidas desde 2018

En 2018, el Consejo de Ministros prohibió "las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad", las narcolanchas, utilizadas entre otros fines para la introducción de hachís procedente de Marruecos.  Desde entonces está prohibido el uso de este tipo de embarcaciones y la simple tenencia constituye un delito de contrabando, incluso si están en tierra y sin carga ilícita, pueden ser intervenidas.

En aquella época, el propio Ejecutivo reconocía que, con la normativa existente, "resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando se han desprendido de la carga ilícita, resultando prácticamente imposible proceder legalmente".

Según los datos reflejados en el Real Decreto Ley, en solo seis años (2012-2018), las organizaciones de narcotraficantes introdujeron más de 165 toneladas de hachís utilizando este tipo de embarcaciones y se intervinieron 81 embarcaciones y detuvieron a 282 personas.