El acuerdo alcanzado entre los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2023 supone un "jarro de agua fría" para la flota pesquera de Motril que ve con incredulidad e indignación como, una vez más, se castiga al sector primario y pone entre las cuerdas a una flota granadina a la que no le salen las cuentas anuales. Tras la reducción de un 17,5% de las horas de pesca en los últimos años, que ha mermado el número de barcos, ahora ven como tendrán que recortar un 7% más los días que saldrán a faenar.

"Es un golpe muy duro, estamos indignados y consideramos que este no es el camino. La Unión Europea no está haciendo políticas efectivas para recuperar los caladeros, están dañando y perjudicando la economía tanto de los marineros como de los armadores", lamenta el patrón de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López.

Al hilo, explica que desde 2014 han presentado en multitud de ocasiones, propuestas para que los caladeros del Mediterráneo se regenerasen, sin éxito ya que no las han tenido en cuenta. "El problema es que por muchos días que nos quiten de pesca, no van a conseguir que el r5 se consiga, el Mediterráneo es un mar muy cerrado, tiene su idiosincrasia y no todo pasa por el esfuerzo pesquero".

La flota pesquera motrileña faena después de los distintos recortes, una media de 175 días, tras el recorte que entrará en vigor en 2023, los días se reducen hasta los 150. En algunos casos, ni eso. Días más que insuficientes para llevar a cabo la actividad pesquera con normalidad. "El sistema no funciona para la gente que vivimos y trabajamos en Europa, se están cargando el sector primario".

El acuerdo alcanzado a nivel comunitario "no es satisfactorio" para el arrastre del Mediterráneo porque, "después de un 17,5% de reducción durante todos estos años, ahora se le aplica un 7% más" que complica la rentabilidad de 92 barcos afectados. Una situación que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha calificado como el reflejo de "una negociación frustrada" que conlleva además el establecimiento, por primera vez, de una cuota a la gamba roja que supone un 5% menos de capturas. "Es una medida muy perjudicial para el sector", ha recalcado y que considera que se está aplicando "un doble castigo a la flota mediterránea andaluza" que no tiene justificación, ya que los informes científicos apuntan a que el caladero se encuentra en buenas condiciones.

En el caso de las embarcaciones dedicadas a la captura de cigala en el Atlántico, Crespo ha comentado que la decisión de los ministros europeos supone "una triple reducción que es inasumible por parte del sector". Y ha detallado que "la reducción del 36% se suma al recorte del año pasado del 30% y a todo lo que hemos sufrido este invierno" con la prohibición impuesta al arrastre para faenar en determinadas zonas de este océano, entre las que se encuentran ciertas aguas del Golfo de Cádiz.