Salobreña hace balance de la temporada estival para evaluar inconvenientes y busca la forma de plantar cara, de una vez por todas, a los vertidos contaminantes al mar. Tras el cierre de un pequeño tramo de playa durante varios días tras recibir los resultados de los análisis periódicos que realiza del agua la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y encontrar una "alteración de la concentración de los parámetros microbiológicos enterococos intestinales".

Motivo por el que debatirá la puesta en marcha de un 'Plan de acción local de mejora de la calidad de las aguas de baño' donde se establecerán mecanismo de colaboración, cooperación y asistencia técnica en materia de vigilancia e inspección de vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre en las playas de Salobreña y toda la Costa Tropical.

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, explica que la iniciativa "deriva de los graves acontecimientos de este pasado verano cuando la Delegación de Salud cerró parte de la playa de la Charca, y aún no sabiendo con exactitud la procedencia de la contaminación, se le imputa al Ayuntamiento la responsabilidad de investigar las causas y adoptar las medidas correctoras, cuando esta administración local carece de competencias y no puede ejercerse sin la implicación de administraciones competentes en la materia, como las distintas consejerías de la Junta, Diputación, el Ministerio de transición ecológica o la Mancomunidad, entre otras".

Ortega indica que se trata de "una situación de inseguridad jurídica que ha producido un grave perjuicio para el desarrollo de nuestro municipio como destino turístico y un coste reputacional y de imagen para toda la Costa Tropical y la provincia de Granada".

E inciden que a pesar de que el Ayuntamiento en su día adoptó competencias impropias, con medidas de control e inspección para el restablecimiento de la calidad de las aguas, la propuesta de alcaldía persigue, bajo el principio básico de vertidos cero al mar, un Plan de acción local de protección de la calidad de las aguas instando al resto de administraciones a ejercer activamente sus respectivas competencias para que en el plazo de tres meses se emita un informe por la Comisión técnica prevista en este Plan para el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que procedan. 

Bajo el principio de coordinación, cooperación, y asistencia técnica entre las autoridades competentes, el objetivo de este Plan declarado como un compromiso formal de este gobierno, tiene como objetivo mejorar los medios materiales y humanos y la colaboración de todas las autoridades e instituciones científicas para la determinación del foco o focos emisores de la contaminación de las aguas de baño y la implementación de las medidas correctoras.

Ortega explica que se establecerán una serie de medidas en materia de asignación de responsabilidades concretas, como el establecimiento de un protocolo de actuación interna del Ayuntamiento, protocolos de actuación de asistencia técnica con Mancomunidad, la creación de un comité técnico de calidad de las aguas del propio Consistorio, la creación también de una comisión técnica de asesoramiento jurídico para el estudio de posibles acciones legales que procedan o la puesta en marcha de la Mesa del Agua integrada por los agentes vinculados a su gestión.