El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha reivindicado la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar unos "precios justos" para el sector agroganadero, así como para evitar las prácticas abusivas que se han venido produciendo en el pasado y para dar "transparencia y viabilidad" a este sector "protegiendo a los trabajadores que todos los días se levantan para darnos de comer".

Valero se ha reunido con representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Motril, que le han expresado su "preocupación" por la "difícil situación" que atraviesa el sector agroganadero pese a ser "fundamental" en Andalucía "no solo por su impacto económico sino por esa capacidad que tiene de mantener la vida del medio rural" asentando la población al territorio y ante la importancia de que la comunidad andaluza tenga "soberanía alimentaria" como se ha evidenciado con la pandemia de la covid-19.

"Por eso hoy nos reunimos con COAG; hemos venido a escuchar porque queremos llevar a las próximas elecciones autonómicas un programa elaborado con todas las organizaciones y con toda la sociedad civil organizada que está comprometida con nuestra tierra y con todas aquellas personas que cada día levantan la persiana", ha relatado.

El portavor de Unidas Podemos por Andalucía se ha referido a Ley de Cadena Alimentaria y a la dificultad de sacarla adelante, "para lo que ha habido que convencer al PSOE, lo cual no ha sido absolutamente nada fácil", ha agregado para alabar seguidamente la "tenacidad" de las organizaciones agrarias que "han llevado la presión al Congreso de los Diputados de la mano de Unidas Podemos" y que han conseguido "arrancar una ley que plantea cambios fundamentales respecto a la situación anterior".

Entre ellos ha citado garantizar unos precios justos para el sector agroganadero que redunden en las pequeñas y medianas empresas, que son las que sustentan este sector en Andalucía. Ha hecho hincapié, además, en que se trata de una ley que va "en contra de las prácticas abusivas" que "a partir de ahora no se van a poder seguir haciendo" y aporta "transparencia con un registro digital de todos los contratos que se dan en esa cadena alimentaria, de modo que sea posible saber de dónde vienen los productos, cuánto se paga por ellos y la administración pública pueda intervenir cuando haya situaciones de fraude.