Malestar entre los regantes de la Costa que piden al Gobierno el modelo de financiación "comprometido" para el segundo tramo de Rules
Anuncian que la próxima semana la Plataforma por las Infraestructuras se reunirá para hablar de futuras movilizaciones
El Gobierno pide a los regantes de la Costa que firmen el convenio del desglosado 3 para iniciar las obras
Lejos de solucionar el modelo de financiación para desbloquear la situación y comenzar el 2026 con las vistas puestas en el inicio de las obras del desglosado 3 de Rules, los regantes de la Costa Tropical ven como cada vez hay más trabas en el camino y muestran malestar al comprobar como se les señala como los culpables de bloquear la situación, a pesar de negarse por no poder hacer frente al desembolso económico acordado con Acuaes.
Hace unas semanas la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España remitió a los agricultores el convenio para la ejecución, financiación y explotación del tramo que llevará el agua a esta zona de la Costa Tropical, que contempla una inversión aproximada de 55 millones de euros asumidos en un primer momento por la propia sociedad mercantil y recuperado en 30 años una vez que, terminadas las obras, el agua beneficie las explotaciones agrícolas. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, pidió a los regantes que desbloqueasen la situación y firmasen el acuerdo para comenzar las obras cuanto antes, asegurando que "lo único que deben aportar los agricultores sería el aval financiero legalmente establecido como requisito obligatorio en este tipo de proyectos y que supondrían una cantidad aproximada de 1 euro por hectárea/año. En este sentido Acuaes ha mostrado su disposición para actuar como mediadora con las entidades financieras para obtener dicho aval en condiciones ventajosas".
Unas declaraciones que no han gustado en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. "Queremos dejar claro que los regantes no somos responsables de la situación de bloqueo ni del retraso acumulado, sino que somos los principales perjudicados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración general del Estado", apuntan.
Sobre el modelo de financiación añaden que no se ha cumplido el compromiso adquirido con anterioridad, "en las distintas reuniones mantenidas con la administración, tanto el subdelegado como el delegado del Gobierno en Granada adquirieron el compromiso expreso de que el 80% de la financiación del desglosado 3 procedería de fondos europeos y el 20% restante sería asumido por los regantes. Ese compromiso fue determinante para nuestra disposición a avanzar en el proyecto. Hoy, la realidad es bien distinta: esos fondos europeos se han perdido, sin que se nos haya dado una explicación clara, transparente y oficial de los motivos, ni se haya ofrecido una alternativa que respete el acuerdo alcanzado".
Por otra parte, explican que cuando recibieron el borrador del convenio hace casi un año, se les aseguró que habilitarían ayudas para que los regantes pudieran acogerse a ellas y hacer viable su participación económica. "A día de hoy, casi doce meses después, no existe ninguna convocatoria, ni línea de ayudas, ni instrumento financiero que respalde aquellas afirmaciones. Esta falta de cumplimiento genera una situación de inseguridad e indefensión para los agricultores que representamos".
Motivo por el que apuntan que "es inaceptable" que ahora les metan prisa o presión para firmar el convenio cuando "las condiciones prometidas no se han respetado y cuando la financiación comprometida ha desaparecido". Señalan que desde la Comunidad de Regantes han actuado con responsabilidad, lealtad institucional y voluntad de acuerdo, por lo que exigen "explicaciones claras y la asunción de responsabilidades por la pérdida de los fondos europeos comprometidos".
Por otra parte, inciden en que no pueden asumir las cargas económicas que no fueron las pactadas, ni firmar acuerdos sin garantías reales de financiación y apoyo público, por lo que piden que se expliquen públicamente las causas de la pérdida de los fondos europeos comprometidos; que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes; se restituya el modelo de financiación acordado (80 % público – 20 % regantes) o se habiliten ayudas equivalentes de manera inmediata; que se deje de señalar a los regantes como responsables de una situación que no han provocado.
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