El PP de Salobreña denuncia la "rebeldía institucional" de los responsables del Ayuntamiento al cobrar ilegalmente la tasa de basura a los cortijos

El Partido Popular de Salobreña ha solicitado al equipo de Gobierno que se acate la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, que exige la revisión y devolución de la tasa de recogida de residuos cobrada indebidamente a propietarios de cortijos y viviendas en suelo rústico.

Una propuesta que los populares presentan al próximo pleno municipal, al considerar de "inaceptable" que el Ayuntamiento haya optado por ignorar la sugerencia de una institución clave para la defensa de los ciudadanos, un hecho que resultará en que Salobreña sea "señalada públicamente" en el Informe Anual que el Defensor remitirá al Parlamento de Andalucía por incumplimiento injustificado.

La resolución del Defensor del Pueblo Andaluz concluye que el Ayuntamiento ha estado cobrando la tasa de basuras en zonas rurales donde el servicio no se presta de manera efectiva o donde no existe un punto de recogida a menos de 300 metros de la vivienda.

El portavoz del PP de Salobreña, Juan de Dios Márquez Moya, ha indicado que "el Defensor del Pueblo ha dictaminado claramente que no se puede cobrar un impuesto por un servicio que no se recibe. Esto no es una opinión política, es la aplicación de la legalidad, respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo. El gobierno local ha actuado con una total falta de ética y respeto institucional, perjudicando económicamente a nuestros vecinos por su inacción".

Márquez ha lamentado que la "soberbia administrativa" del Gobierno local no solo afecte el bolsillo de los contribuyentes, sino que también dañe la imagen institucional del municipio. "La negativa injustificada a colaborar con el Defensor del Pueblo Andaluz, comunicada por la propia institución, demuestra una grave falta de transparencia y rendición de cuentas. Salobreña no merece aparecer en el informe anual del Parlamento Andaluz como un ayuntamiento que incumple la ley y desatiende a sus ciudadanos", ha añadido.

Los populares exigen al Ayuntamiento un cambio de rumbo inmediato, basándose en el acatamiento total: cumplir íntegramente la resolución del Defensor del Pueblo, revisando de oficio todas las liquidaciones de basura cobradas a viviendas y cortijos sin el servicio efectivo o sin contenedor a 300 metros; devolución inmediata: iniciar los procedimientos para la devolución de los ingresos cobrados de forma indebida a los contribuyentes afectados; y con un plan de instalación: elaborando y ejecutando un plan progresivo de ubicación e instalación de contenedores en zonas rurales y diseminados, garantizando un acceso razonable al servicio para todos los vecinos.