Unas 300 personas se manifestaron ayer en coche, a golpe de claxon y durante cerca de dos horas, por las distintas calles de Almuñécar para mostrar su "descontento" y "preocupación" por la regulación que la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo en la zona especial de conservación (ZEC) acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona. Un proyecto de regulación, que se encuentra en fase de información pública, y que afecta a usuarios de la pesca profesional y deportiva, además de actividades náuticas como el submarinismo.

El objetivo, que los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se siente a negociar con ellos nuevas propuestas que beneficie a ambas partes, y que no se prohíba la pesca recreativa en la zona.

El presidente del Club de Actividades Subacuáticas La Espera de Granada, Alejandro Gálvez, explicó a Granada Hoy que la manifestación surge tras la propuesta de regulación de la Punta de la Mona, que "prohíbe totalmente la pesca recreativa, cuando en el 2015 en el plan de gestión se hablaba de una regulación", que "es precisamente lo que queremos, que se regularice y no sea una prohibición taxativa".

Gálvez aseguró que se han presentado numerosas alegaciones al proyecto presentado "a nivel particular, de club, de Federación, e incluso queremos hablar con el Defensor del Pueblo para mostrarle nuestras quejas", "queremos sentarnos en una mesa de diálogo con la Junta y llegar a un acuerdo". Proponen, entre otras cosas, una regulación conjunta con un club de Málaga que defiende la pesca submarina, y por otro lado, que se regule.

Por otra parte, en representante de los comercios afectados, Manuel Barbero, reseñó que en la propuesta de orden "recogen la prohibición de la pesca recreativa, sin embargo si que se permite la de trasmallo, cuando es más insostenible al tillar las redes y arrasar con todo lo que pilla a su paso".

Barbero incidió que, por el contrario, la submarina es más selectiva, "seleccionamos lo que queremos y el resto ni lo tocamos".

Ambos representantes anunciaron nuevas movilizaciones próximamente en el caso de seguir adelante con el proyecto y no intentar llegar a un acuerdo. "Creo que lo lógico sería que todos nos sentásemos a hablar para llegar a algún acuerdo, aquí hay muchas empresas y negocios que viven de la pesca, no solo quienes lo practican", añadió Gálvez.

Según el proyecto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que está en fase de información pública, en la zona catalogada como ZEC, el plan de gestión detectó una serie de presiones y amenazas que "ponen en riesgo la conservación del espacio en su conjunto, y de los arrecifes en particular, así como la supervivencia de determinadas especies".

Y puntualiza, entre otros motivos que, entre las presiones y amenazas detectadas por los actores implicados, la pesca profesional, deportiva, así como el buceo y el esnórquel, son algunas de las actividades que más daño están provocando en el litoral, con "una pérdida significativa de los elementos prioritarios de conservación", y "causando daños en gran parte de las comunidades invertebrados", alegando que son producidos principalmente por el uso y abandono de los métodos utilizados en la captura, los amarres de las propias embarcaciones o el propio contacto de los buceadores, entre otros.

Sobre este asunto, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Manuel García, indicó hace unos días a Granada Hoy que no se trata de una prohibición, lo que se pretende es regular el número de personas que acuden a la zona ZEC para que la protección de la zona, que se aprobó en 2015, se mantenga.

Y aseguró que durante el último año se han mantenido numerosas reuniones con distintos colectivos y asociaciones, así como con el Ayuntamiento quienes plantearon la necesidad de proteger la Punta de la Mona para que las empresas y los usuarios tengan un sitio a donde dirigirse en un futuro, ya que han manifestado que sin esta regularización la zona podría destruirse.

La Consejería tiene abierto un periodo de alegaciones para que aquellas administraciones o particulares que quieran presentar sus quejas o hacer llegar sus opiniones sobre las medidas planteadas puedan hacerlo hasta el 16 de diciembre de 2021, que se cerrará el plazo de recepción para valorar las propuestas.