El sector pesquero de Motril se traslada a Madrid para exigir la retirada de la propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo

Como una sentencia de muerte. Así le ha sentado al sector pesquero de Motril la última propuesta realizada por la Comisión Europea de cara a la reunión del Consejo de TAC y cuotas que se celebra los próximos 9 y 10 de diciembre en Bruselas, y que plantea reducir de los 130 días de media que hay actualmente en el Mediterráneo a tan solo 27. Una medida que de aprobarse, supondría la "extinción" de todo un sector productivo en la Costa Tropical. Los pescadores se concentrarán frente a la sede permanente de la Comisión en Madrid para protestar, tanto por la Política Pesquera impulsada en los últimos años por Bruselas como por una propuesta que consideran que conllevará a la "aniquilación" de la pesca de arrastre en el Mediterráneo.

El patrón de la Cofradía de Pescadores de Motril y presidente de la Asociación Organización de Productores Pesqueros de Motril (OPP85), Ignacio López, explica desanimado a Granada Hoy que la propuesta planteada por la directora general de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, es una "auténtica locura" que supone la reducción del 79% de los días de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo y del 30% del TAC para la gamba roja hasta solamente 551 toneladas al año, "algo impensable para un sector que está ya de por sí tocado y casi hundido".

López incide en que desde el sector lo que esperan es que se retire la propuesta y se presente una "sensata" que no suponga la "muerte" de los pescadores. "Aquí no se está jugando a defender los peces del Mediterráneo, se está jugando con el futuro de muchas familias. Por desgracia siempre perdemos los mismos". E incide en que es necesario que los políticos se conciencien de que lo que se vota en Europa repercute en las familias de a pie, "esto no es un juego, tienen que saber que las decisiones que se toman en despachos afectan, y muy negativamente, en la población, no solo en el pesquero, los sectores agrícolas y ganaderos saben muy bien de esto. Además, se les olvida que están para facilitarle la vida a los ciudadanos y lo que hacen es todo lo contrario".

"Era impensable que esta propuesta saliese adelante y que el propio comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, diga que esta es la ley porque hay que tener en cuenta tres datos: social, económico y científico; sin embargo, solo se está teniendo en cuenta el último", lamenta.

Al hilo, recuerda que los pescadores llevan años adaptándose a las estrictas regulaciones medioambientales impuestas, ajustando su esfuerzo pesquero y adoptando nuevas prácticas para preservar los ecosistemas marinos. El patrón de los pescadores de Motril pregunta como pretenden desde Bruselas que se repartan dichos 27 días a lo largo del año para que siga siendo rentable arrancar los barcos y dejarlos la mayor parte del año atracado en puerto, o cómo pretenden que los propios pescadores sobrevivan con las ganancias generadas con solo 27 días durante todo el año. "No sale ni rentable ni merece la pena sacar el barco. Ya de por sí intentamos llevar como podemos los días de faena que tenemos actualmente, hace poco se me fue un marinero joven al que le han ofrecido estabilidad laboral en la obra durante cinco años, contra eso no podemos competir, y lo veo normal. Vivimos tiempos convulsos en el mar y el futuro se plantea muy negro", lamenta el patrón.

Desde el sector señalan que este recorte pone en riesgo a 556 barcos de arrastre del Mediterráneo, a 3.000 empleos a bordo (un 10 % del empleo de la flota española) y 17.000 puestos de trabajo indirectos. Además, pone en riesgo el funcionamiento de los puertos y tendrá consecuencias negativas indirectas en otras artes.

"Con esto lo único que pueden conseguir es que la pesca dependa de grandes industrias o que venga de terceros países. Es muy duro pensar que España tendría que depender de terceros países para poder alimentarse cuando cuenta con un sector productivo propio que le abastece de producto de calidad", sentencia.

La comisión debatirá durante dos días la propuesta planteada que de aprobarse, entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025.