El Gobierno griego subirá una vez más los impuestos para poder percibir nuevas ayudas de la UE, el FMI y el BCE, lo que ha elevado la tensión social en el país y desatado las iras de los sindicatos, que convocaron una nueva huelga general para el día en que el Parlamento vote el nuevo programa de ajuste.

En una rueda de prensa celebrada durante un receso de las negociaciones con las tres instituciones en Atenas, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, anunció los detalles del proyecto de ley sobre las nuevas medidas, aprobado el miércoles en Consejo de Ministros. Venizelos dijo que los esfuerzos del Gobierno socialista se centrarán en reformar y hacer más eficaz el sistema impositivo, marcado hasta ahora por una enorme evasión, y aseguró que el Estado no pretende cobrarle más dinero a las capas más necesitadas de la sociedad.

"Debemos demostrar que somos fiables y que podemos recuperar la credibilidad", dijo el flamante ministro, quien asumió su cargo la semana pasada. "Haremos un sistema impositivo más justo para reducir la evasión de impuestos", prometió, en referencia a sus socios comunitarios que están perdiendo la paciencia con Grecia y su incapacidad de controlar sus cuentas públicas. En vista del creciente descontento de los ciudadanos y de la oposición por las medidas de austeridad, Venizelos agregó que el Ejecutivo esta buscando "hacer lo mejor para los ciudadanos y para el país".

El paquete de medidas se está definiendo en frenéticas reuniones con altos oficiales de la Unión Europea (UE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentran esta semana en Atenas. Grecia necesita presentar un paquete de nuevas medidas para que la UE libere el último tramo de 12.000 millones euros que el país necesita para pagar sueldos y pensiones en julio. De lo contrario, Grecia entraría con seguridad en la bancarrota a mediados de julio, estiman los expertos.

El nuevo plan contempla que el Estado ingrese mediante la recaudación adicional de impuestos y el recorte del gasto público unos 28.300 millones de euros hasta el año 2015, de los cuales 6.500 millones deben entrar este mismo año. Además, prevé privatizar bienes del Estado por otros 50.000 millones de aquí al año 2015. "Nuestra recuperación se basa en el programa de privatizaciones, en la participación del sector privado en la compra de la deuda griega según la iniciativa de Viena y en un nuevo rescate de parte de la UE y del FMI que se está estudiando", dijo Venizelos.

La iniciativa de Viena se refiere a un modelo de rescate adoptado en 2009 cuando la banca europea se comprometió a mantener sus fondos en los países del Este de Europa para evitar una descapitalización. En cuanto a medidas concretas, Venizelos explicó que se creará un impuesto extraordinario de solidaridad.

Para ello, se descontará un 1% de la masa salarial entre los 12.000 y 20.000 euros, un porcentaje que subirá gradualmente hasta el 4% para los ingresos superiores a los 100.000 euros, mientras que diputados, alcaldes y otros altos funcionarios pagarán un 5%. El umbral a partir del cual se empieza a pagar impuestos se reduce de 12.000 a 8.000 euros anuales, aunque quedan exentos jubilados y personas menores de 30 años. Los trabajadores autónomos, como abogados, electricistas o fontaneros -en total unas 550.000 personas- deberán pagar, aparte de los impuestos normales, una tasa adicional de 300 euros anuales.

Lejos de asumir el nuevo programa de ajuste, los sindicatos mayoritarios de Grecia convocaron para los próximos martes y miércoles la cuarta huelga general en lo que va de año, movilización que coincidirá con el crucial voto parlamentario sobre el nuevo paquete de austeridad. "El Gobierno y los acreedores extranjeros continúan el ataque contra nuestros derechos pese a las masivas protestas de la sociedad griega", señalaron un comunicado conjunto de los sindicatos del sector privado (GSEE) y público (ADEDY).

Los sindicatos aseguran que las nuevas medidas "arrasarán" a la sociedad y acusan al primer ministro socialista, Yorgos Papandréu, de "vender la riqueza nacional, las empresas y los activos". El Gobierno "insiste en implementar una política económica que lleva a los trabajadores a la pobreza y que aumenta la recesión y el paro", concluyeron los sindicatos, que reciben el apoyado de grupos de indignados organizados vía internet.

La oposición, también en contra

El líder de la oposición conservadora griega, Antonis Samaras, ha reiterado que votará en contra del plan de ajuste y privatizaciones por valor de 26.000 millones de euros pactado por el Gobierno de Atenas con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), desoyendo así el llamamiento de los líderes europeos a la unidad nacional para evitar la quiebra de Grecia.

"Me están pidiendo que apoye una medicina para alguien que está muriendo por culpa de esa misma medicina. No lo haré", ha dicho Samaras en una entrevista con el periódico Financial Times. En su opinión, sería "antigriego" y "antieuropeo" persistir con medidas que ni siquiera están generando suficientes ingresos para rebajar el déficit público.

El líder conservador griego ha dicho que su principal objeción a las políticas del Gobierno es que están ahogando la demanda al incrementar la presión fiscal mientras Grecia se encuentra todavía en recesión. Ello agrava los problemas de paro y recortes salariales y provoca que más empresas cierren, evadan impuestos o abandonen el país. "La liquidez es el principal problema de la economía. Imagine lo que ocurre en la economía real cuando no hay consumo privado, ni gasto público ni inversión extranjera directa. Todo cierra. Hay una fuga de cerebros y la gente formada abandona el país", ha lamentado Samaras. A su juicio, Grecia debería bajar el IVA, el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales para estimular la economía.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha dejado claro esta semana que "no hay alternativa" ni "plan B" al programa de ajuste que se someterá a votación en el parlamento griego la semana que viene. Barroso ha dicho que la UE y el FMI no van a apoyar ningún plan alternativo. La aprobación de este ajuste es la condición que exige Bruselas para desbloquear la ayuda de emergencia de 12.000 millones de euros que Atenas necesita para no suspender pagos en verano.