El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la tramitación urgente del real decreto por el que se regulan las condiciones de transformación de la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) en la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) --bautizada coloquialmente como 'SEPI Digital'-- y se aprueba su estatuto, con lo que el Gobierno prevé que la nueva empresa pública podrá estar operativa "a partir de mayo".

La SETT, que estará adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tendrá como principales funciones el impulso y ejecución de inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital.

Para ello, ejecutará el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip), dotado con 12.000 millones de euros, y participará en las actuaciones relativas al Fondo Next Tech (unos 4.000 millones de euros) y del Fondo Spain Audiovisual Hub (en torno a 1.700 millones de euros).

Entre las funciones de la SETT también figurará la financiación y apoyo de proyectos tecnológicos emergentes vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial y el sector audiovisual.

"Con este primer paso, la nueva entidad podrá empezar a estar operativa a partir del mes de mayo", ha afirmado el Ejecutivo sobre esta nueva compañía pública, que prevé movilizar en torno a 20.000 millones de euros en inversiones tecnológicas y con la que se prevé controlar la entrada del Estado en Telefónica después de que el Gobierno ordenase a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirir hasta un 10% de la operadora.

Si bien existen diversos escenarios sobre cómo esta nueva entidad pública controlará la entrada del Estado en Telefónica, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró recientemente en una entrevista en el diario económico 'Expansión' que el encargo realizado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre es "muy claro" para sea la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quien se encargue de entrar en el accionariado de la teleco española.

En tanto, Escrivá, al ser preguntado la semana pasada sobre el encaje que tendría que la SETT gestionase la participación estatal en Telefónica, señaló que "tendría sentido", aunque añadió que "habrá que verlo con el tiempo".

En ese sentido, el pasado diciembre el Gobierno ordenó a SEPI adquirir hasta un 10% del capital social de Telefónica, un movimiento que se produjo en respuesta al sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que en septiembre del año pasado adquirió por 2.100 millones de euros el 9,9% de la teleco española (un 4,9% con acciones directas y otro 5% mediante derivados financieros).

Perfil con "experiencia en inversión"

En este contexto, fuentes cercanas al proceso de creación de la nueva entidad han señalado a Europa Press que el perfil que se busca para dirigir la SETT es el de una persona con "experiencia acreditada en el ámbito de la inversión", la cual "no tendría que proceder necesariamente de una entidad financiera".

El sentido de buscar un perfil de este tipo para dirigir la SETT se debe principalmente al gran volumen de financiación que se prevé movilizar con la nueva empresa pública y también al carácter inversor de la misma, por lo que uno más técnico o especializado en el sector tecnológico pierde fuerza.

Ganar operatividad

La creación de la SETT responde a la necesidad del Ejecutivo de "ganar operatividad" en la gestión del gran volumen de recursos europeos y de distinta naturaleza que se destinarán a este sector en España, han señalado las mismas fuentes.

Afirman que se necesita mayor "unidad de acción" que la que ofrece el modelo actual a la hora definir cuáles y mediante qué instrumentos se financian determinados proyectos que podían encajar de forma simultánea en el Perte Chip, en el fondo NextTech o en el Hub Audiovisual, los cuales quedarán ahora al amparo de la SETT.

De este modo, con la nueva compañía pública se busca unificar la gestión de estos fondos para "optimizar la eficacia" y "agilizar" el proceso de adjudicación de las inversiones tecnológicas del Ejecutivo.