"Con la sentencia del Tribunal Supremo el Híper queda consagrado como monumento a las infracciones urbanísticas en la Vega". Radio Granada-SER, que adelantaba en sus informativos la resolución del alto tribunal, definía así la conclusión del caso que se llevó por delante al primer alcalde democrático de Granada en 40 años y convulsionó el pacto de izquierdas que gobernaba el Ayuntamiento. De noviembre a noviembre, entre 1979 en que estalla el caso, a 1983, en que se dicta sentencia, casi cuatro años de una herida abierta y polémica política que tampoco cerró la última instancia judicial con una sentencia salomónica: ni se puede abrir el Híper ni se puede derribar.

Un hipermercado construido y abierto sin licencia ni de construcción ni apertura ni de accesos desde la antigua carretera de Málaga, lo que obligaba a los clientes a un peligroso giro a la izquierda, en terrenos calificados de suelo agrícola de protección oficial, en un tiempo en el que la democracia entraba en el Ayuntamiento. Había que poner orden y disciplina en la 'merienda de negros' que había sido el urbanismo en Granada desde los años del desarrollismo a ultranza que van desde los primeros sesenta hasta las primeras elecciones municipales y la convicción, compartida por todas las fuerzas políticas, de la elaboración de un Plan General de Urbanismo que derogase el especulativo de 1973, aprobado por la corporación franquista, y pusiese orden en la dejación y el caos imperante.

El Híper fue impulsado por 150 cooperativistas, en su mayoría pequeños comerciantes, que aportaron su participación a través de créditos tramitados en su mayoría ante la Caja General de Ahorros de Granada. En cuyo órgano de gestión y aprobación en esa fase trabajaba el que poco después sería alcalde, Antonio Camacho. Con la constitución de la corporación democrática y la voluntad expresada en programas y campaña de implantar la disciplina urbanística, el Híper aparecía en el otoño del 1979, apenas seis meses después de las elecciones, en el elemento ejemplarizante y aviso para navegantes infractores.

Conscientes de ello, los impulsores del Híper trabajaron día y noche en ultimar la construcción, mientras el Ayuntamiento -que apenas contaba con una veintena de agentes en su envejecida Policía Municipal- se desgañitaba en la desoída petición de auxilio al Gobierno Civil -en manos de UCD- para que enviase a la Policía Armada a parar la obra.

El conflicto estaba servido. Sobre todo, porque los cooperativistas practicaban una política de hechos consumados que después de la acelerada culminación de las obras les llevó a abrir al público -con notable éxito de ventas- en un desafío a la autoridad municipal recientemente constituida. Ante la flagrante ilegalidad de la construcción y la actividad comercial, el alcalde Camacho prefirió dimitir "por motivos de salud2 antes que firmar el decreto de demolición. El periodo de provisionalidad que se abrió a continuación afloró las tensiones del pacto político de izquierdas PSOE-PCE al que se había sumado el PSA.

El primer teniente de alcalde, Arturo González Arcas, andalucista y en funciones de alcalde tras la renuncia de Camacho, era más comprensivo con la situación creada. El PSA estaría dispuesto a firmar la demolición del Híper si se hiciera otro tanto con los otros varios casos que se encontraban en la misma situación en el entorno. En consecuencia, autorizó la apertura provisional "para dar salida a los productos perecederos", que en una nueva 'interpretación amplia' el Híper estiró a la totalidad de su oferta.

En un clima de abierta tensión entre los socios de gobierno, el 'alcaldable' del PCE, José Miguel Castillo Higueras, categórico, hablaba de demolición y el PSOE, al frente del urbanismo municipal en la persona del hasta entonces desconocido Antonio Jara, de clausura como paso previo a la demolición. Peligraba el pacto y sus consecuencias se extendían al resto de ayuntamientos de Andalucía. Una delicada negociación, que retrotraía a los días posteriores a las elecciones y en donde las direcciones regionales tuvieron nuevamente la última palabra. En el pleno de investidura del nuevo alcalde PSA, PSOE y PCE respetaron los acuerdos anteriores y Antonio Jara comenzó aquel día su irresistible carrera a la cima de la política local.

Con el 'caso Híper reconducido a la vía judicial y la victoria provisional de los cooperativistas cuando la Audiencia autorizó la apertura provisional, los tiempos variaron a la habitual lentitud de los jueces hasta que el Supremo falló en su ambigüedad: no se derriba el Híper pero tampoco se abre. El Alto Tribunal entendía que la alcaldía no era un órgano capacitado para ordenar la demolición. Los promotores del Híper vieron en esta resolución judicial, que al mismo tiempo consagraba la ilegalidad de la obra, una portilla por donde regularizar el edificio y la actividad.

Se concentraban a diario ante el Ayuntamiento, que ofrecía la alternativa de alguna actividad relacionada con la agricultura, pero los cooperativistas -ahora con la complicidad de Alianza Popular que había irrumpido con fuerza en mayo de 1983 en la corporación y cierta simpatía de la opinión pública ante la prolongación del conflicto- no transigían con otra propuesta que no fuese la de hipermercado. Así, se llegó al 7 de febrero de 1984 en que la Policía Local estrenó su material antidisturbios en una desmesurada carga contra los cooperativistas que habían interrumpido el pleno municipal.

Fue un desproporcionado uso de la fuerza que contenía la carga alegórica de un conflicto irresoluble que ni la tarea arbitral de los jueces había podido encauzar.