El fiscal general será defendido por la abogada del Estado que pidió sedición para los independentistas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será defendido por dos abogados del Estado en el juicio por la presunta filtración de información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras incorporarse a su defensa Consuelo Castro, quien acusó del delito de sedición a los líderes independentistas en el procés.

Junto al abogado del Estado que le ha defendido hasta ahora, intervendrá Consuelo Castro, que fue abogada general del Estado durante cuatro años y que firmó el escrito en el que acusó por sedición -delito por el que fueron finalmente condenados- a los líderes independentistas catalanes del "procés", en lugar de rebelión, como apostaba la Fiscalía.

Se trata de una decisión de la Abogacía General del Estado, que considera que Castro complementa la defensa que ha hecho hasta ahora José Ignacio Ocio y dado que a juicio suelen ir dos abogados del Estado, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes jurídicas.

Consuelo Castro coincidió con García Ortiz en el juicio por el desastre del Prestige; la primera intervino como abogada del Estado en Galicia y el segundo como fiscal delegado de Medioambiente y coordinador especial de incendios en Galicia, añaden las fuentes. Castro estuvo al frente de la Abogacía del Estado desde junio de 2018 hasta junio de 2024, cuando el Gobierno nombró a David Vilas, actual abogado general del Estado.

Unos meses después de llegar Castro al frente de la Abogacía, la institución presentó en el Supremo un escrito de acusación con su firma en el que apostaba por la sedición. Días después el Ministerio de Justicia informaba de que Castro había relevado por pérdida de confianza al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación en la causa del proceso soberanista, Edmundo Bal.

El juicio al fiscal general del Estado arranca el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo y en él se tratará de dirimir si filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de un acuerdo con la Fiscalía que rebajase su petición de condena.

García Ortiz está acusado de un delito de revelación de secretos por el que las acusaciones populares -entre las que está el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y una asociación de fiscales- piden entre 4 y 6 años de cárcel, mientras que la Fiscalía apuesta desde el principio por el archivo al considerar que no hay delito