El Gobierno se defiende ante Mazón: "No hemos rechazado ni una petición de ayuda"

El Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido este lunes su actuación ante la dana "que se traduce en una inversión superior a 1.200 millones de euros" para reconstruir la Comunidad Valenciana; "no hemos rechazado ni una sola petición" de ayudas, aseguran desde el Departamento tras conocerse la noticia de la dimisión de Carlos Mazón como presidente valenciano.

En la declaración institucional donde ha dimitido, a primera hora de esta mañana, Mazón ha acusado a la Aemet y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "tremendos fallos" en la gestión y prevención de la dana del 29 de octubre de 2024.

Según fuentes del Miteco, el día de la dana, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) actuaron "con rigor técnico", aportando datos esenciales para la prevención de riesgos meteorológicos e hidrológicos.

Los autos de la jueza sobre los hechos del 29 de octubre son "contundentes": la jueza instructora señala expresamente que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias, han destacado a Efe las mismas fuentes.

Asimismo, según estas fuentes, un auto aclara que el único apagón informativo de esa jornada fue "el negro" del Cecopi, es decir, del Centro de Coordinación Operativa Integrada autonómico, "y no fallos en los sistemas informativos estatales".

Además, recuerdan, las recientes imágenes difundidas de la consellera Salomé Pradas muestran que desde primeras horas ella misma expresaba su preocupación por el estado del barranco del Poyo. Por tanto, las autoridades autonómicas estaban ya informadas del riesgo.

"También ha quedado claro durante este tiempo que la retirada de los bomberos que vigilaban los barrancos correspondió a criterios adoptados por el gobierno autonómico", han aclarado desde el Miteco.

Cabe recordar que la jueza instructora ha calificado de "ficción" o "autoficción" varias de las afirmaciones recientes de Carlos Mazón sobre la falta de información de Aemet/CHJ, el envío del ES-Alert vinculado solo a la presa de Forata o la supuesta ausencia de alerta hidrológica en el barranco del Poyo, negando su valor probatorio en el proceso.

En este sentido, el ministerio ha recordado el compromiso de su departamento con la reconstrucción en la Comunidad Valenciana que, según estas fuentes, se ha traducido en una inversión superior a 1.200 millones de euros, destinados a reforzar la resiliencia del territorio frente a futuras inundaciones y mejorar la gestión del agua.

Según los datos desglosados, 437 millones ya aprobados y con resolución publicada, dirigidos a la reparación de redes de saneamiento, abastecimiento y depuración. "No hemos rechazado ni una sola petición" de ayudas, según las fuentes; "es más la valoración de los daños la hicieron los titulares de la gestión (operadores públicos, privados, mixtos y ayuntamientos)".

"Ellos trasladaron una primera estimación, que prácticamente se ha correspondido con la valoración final" y las ayudas concedidas, que cubren el 100 % del coste de las actuaciones, por un importe total de 437 millones de euros. Todo el trabajo de peritación de daños se hizo de la mano de los operadores.

Las fuentes se refieren además a los 550 millones para obras hídricas incluidas en el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia. Los proyectos más avanzados se licitarán antes de final de año. También antes de final de año se licitará la redacción de los proyectos del barranco del Poyo y del Magro.

Ya se ha lanzado el primero de los proyectos de la estrategia de resiliencia hídrica (el de La Saleta), cuyas DIAs (Declaración de Impacto Ambiental) habían decaído por inejecución del gobierno de Mariano Rajoy, según las fuentes consultadas. Igualmente, el Gobierno ha recordado las inversiones en obras de emergencia en la cuenca del Júcar, el plan de la Albufera y las ayudas directas para los 62 municipios con mayor riesgo de inundación.

El Real Decreto que regula estas ayudas ha superado su periodo de audiencia y se agilitarán los trámites para que los fondos lleguen a los ayuntamientos en el plazo de un mes.