Más de 110.000 euros en droga incautada y negocios ficticios para blanquear: a juicio un clan dedicado al tráfico de estupefacientes en la provincia de Granada

Hasta diecinueve personas pasarán por la sala de juicios de la Sección Primera de la Audiencia Provincial en el arranque de julio. La Fiscalía los considera como parte de un clan dedicado al tráfico de drogas, que operaba en la comarca de Guadix y que también puso en marcha diversos métodos para blanquear el dinero obtenido con esta práctica. Según el escrito de acusaciones del ministerio público, consultado por este medio, durante los registros efectuados se intervino droga con un valor que podría superar los 36.000 euros en el mercado negro, aunque el precio podría dispararse hasta los 114.000 en caso de venderse por gramos.

La Fiscalía los acusa de un delito de pertenencia a grupo criminal, otro contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, así como de tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, y pide para ellos penas que van desde los cuatro años y medio de prisión hasta los dieciocho.

Los hechos que ahora juzga la Audiencia Provincial comprenden entre agosto de 2021 y mayo de 2023, cuando siete de los acusados se unieron con el "único propósito de ilícito enriquecimiento" sostiene la Fiscalía. A raíz de esto, "se integraron de forma estable y permanente en una trama" en la que se dedicaron al cultivo, elaboración y distribución de marihuana y a la compra, para su posterior distribución de cocaína. Una trama prosigue el ministerio público que se organizaba mediante encuentros físicos en varios municipios de Guadix (Valle del Zalabí, Guadix y Benalúa), además de contactos vía telefónica "en lenguaje naturalmente encriptado", que finalmente fueron interceptados, como se recoge en el escrito.

Aunque la Fiscalía considera que en la trama no existía distribución de funciones ni jerarquía, sí que parece que existía cierto reparto de funciones, como se desprende de las conclusiones provisionales a partir de las distintas conversaciones telefónicas. Así, J. M. C. "controlaba , supervisaba y dirigía la operativa" de las plantaciones indoor en los distintos domicilios del resto de miembros, siendo además el responsable de presupuestar y adquirir el material necesario y su posterior montaje.

Estas siglas también aparecen a la hora de hablar sobre la adquisición de cocaína. Él sería el encargado, a veces solo, otras con su hijo u otros acusados, de adquirir esta sustancia ilegal, y siendo el encargado de su transporte y venta, como ocurrió en marzo de 2023 en Dólar, durante el primer Slalom rally de la localidad.

No obstante, y conscientes "de la escasez de mujeres" en la Guardia Civil, la trama recurría a una mujer (cuyas siglas responden a F. E. E.) para tratar de evitar posibles cacheos en caso de ser interceptados por la Benemérita.

Otros acusados, como F. M. A. V. actuaban como "electricistas", encargados de materializar el montaje y las reparaciones de las instalaciones, mientras que J. L. H. se encargaría de realizar los enganches ilegales para suministrar energía a las plantaciones. Por su parte, S. M. y M. M., hermanos, eran los encargados de gestionar y custodiar los fondos que la trama adquiría de sus negocios ilegales, además de gestionar varias plantaciones en varias viviendas.

Más allá de la droga, el grupo criminal contaba "para garantizar el éxito" de sus actividades, con varias armas y municiones de distinto calibre, como quedó patente durante los registros, con el objetivo de evitar posibles vuelcos de su material y para defenderse de enfrentamientos con otros clanes que operaban en la comarca de Guadix.

Negocios paralelos

Para dar salida legal a su actividad delictiva, los miembros de la trama idearon una serie de mecanismos destinados a disfrazar el origen del dinero que obtenían de la compraventa de droga, lo que les permitía regularizar más de 100.000 euros, según sostiene la Fiscalía.

Uno de esos mecanismos era la "bancarización de fondos" mediante ingresos en efectivo en las cuentas de los acusados de terceras personas, y a veces otros miembros de la organización, que actuaban a modo de testaferros. Otras veces, recurrían a créditos o préstamos bancarios, cuya titularidad habría sido tramitada, de nuevo, por terceras personas "sin vinculación con la organización". Estas terceras personas abonarían el dinero a los miembros del clan, que se lo devolverían junto a una pequeña comisión por los servicios prestados.

Más allá de los bancos, los miembros del clan recurrían a negocios económicos ficticios basados en la compraventa de coches para que el producto de dicho vehículo regresase a su propio patrimonio. En este sentido, la Fiscalía destaca cómo uno de los acusados, que tiene como único ingreso una pensión menor a mil euros, disponía de 18 vehículos, muchos de ellos de alta gama, durante los últimos veinte años.

El clan también se dedicó a la compra y gestión de varios negocios hosteleros. Así por ejemplo destaca un bar en Benalúa, que sería alquilado por un tercero, pero cuya gestión correspondería a una acusada y sus familiares. Lo mismo ocurre con un local en el polígono industrial de Juncaril.