El próximo 27 de febrero, último día hábil de este mes, es la fecha límite que la jueza del caso Nazarí ha dado a la Policía (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF) para entregar el resto de los informes que fueron encargados al inicio de la instrucción de este importante asunto de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granada.

No es la primera vez que la jueza María Ángeles Jiménez apremia a todas las partes implicadas en hacer informes o trabajos periciales para esta causa. De hecho, la fecha del 27 de febrero coincide con el final de los tres meses que la misma Policía pronosticó como plazo máximo a finales del año pasado, tras una pregunta remitida por el Juzgado sobre el tiempo estimado de terminación de los trabajos. No obstante, los investigadores policiales advirtieron en su comunicación que el tiempo estimado sería ése, “salvo circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar al normal desarrollo de los trabajos de análisis”.

“Visto el estado del presente procedimiento, recuérdese al Grupo de Delincuencia Económica de Jefatura de Policía los informes que se encuentran pendientes, que deberán estar ultimados antes del próximo día 27 de febrero”, es el ultimátum dado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada cuando se ha cumplido el tercer año desde la apertura de las diligencias de investigación penal, que en abril de 2016 dieron lugar a la detención de una quincena de personas en Granada, entre ellas el entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, la anterior cúpula de Urbanismo y varios empresarios de la construcción.

Aquel mismo día la Policía llevó a cabo decenas de registros en domicilios, oficinas y sedes sociales de empresas. De todo el material, tanto documentos en papel como archivos informáticos, los agentes de la UDEF han tenido que elaborar después informes de su análisis. Además, la Policía tiene encargo de la jueza, que es la investigación patrimonial y financiera de algunos de los principales investigados.

Aunque la mayor parte de esos oficios policiales ya están en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que instruye esta macrocausa, y han sido incorporados al procedimiento, aún quedan algunos informes, como los de los registros practicados al exalcalde o al alto cargo de Urbanismo Manuel Lorente.

Una vez entregados estos documentos y los informes periciales urbanísticos encargados, la instrucción del caso podría entrar en su recta final.

Es previsible que, como ha solicitado la Fiscalía, una vez que estén todos los documentos solicitados, la macrocausa se divida en piezas separadas para que cada parte tome un camino propio, que puede ser desde el archivo hasta la celebración de juicio, con acusados diferentes o comunes en cada caso. En el sumario hay una decena de operaciones urbanísticas distintas, pero la propuesta es dividirlas en seis piezas.

Antes de esa posible división en piezas, la magistrada necesita dar por terminada la fase de investigación general, que sería algo así como el armazón principal de una causa en la que se especula con la existencia de un nexo común, que sería la “trama” organizada de corrupción municipal para beneficiar a distintos promotores.