La reciente petición del empresario Ramón Arenas, denunciante del caso Nazarí, para que la jueza que instruye esta macrocausa de supuesta corrupción municipal expulse al Ayuntamiento de Granada, que por el momento actúa en calidad de acusación, está trayendo cola en cada una de las respuestas y posiciones que adopta cada parte personada. Aunque con argumentos diferentes, lo curioso es que tanto acusaciones como defensas coinciden por ahora en que el organismo municipal deje de ser parte acusadora. Sólo hay alguna excepción entre las defensas.

Podemos-IU ha llegado a celebrar una rueda de prensa para advertir a los ciudadanos de que el cambio que ahora se pretende en los despachos puede conllevar “costes millonarios” para la ciudad.

La petición en realidad tiene dos partes. Por una lado, la posible expulsión del Ayuntamiento de la ciudad como acusación particular en la causa, porque a juicio del peticionario, el gabinete jurídico municipal no está actuando de buena fe, sino que escondería una labor solapada de defensa de los investigados, entre ellos el exalcalde José Torres Hurtado. En este punto, el grupo de Podemos-IU (que también es acusación popular) está de acuerdo con Arenas y hoy ha denunciado que la posición del actual equipo de letrados es un “escándalo y una vergüenza”. 

Ahora bien, la segunda parte de la propuesta que tiene la jueza de Instrucción 2 de Granada es la de cambiar la posición procesal del Ayuntamiento a la de responsable civil subsidiario. Es decir, a la parte de las defensas, de modo que seguiría personado, pero para responder económicamente de cualquier delito que se pudiera derivar del caso, si finalmente hay enjuiciamiento y condena.

Algunas de las defensas, entre ellas la de la exconcejal Isabel Nieto o el antiguo jefe de Urbanismo Manuel Lorente, ya han respondido al Juzgado en el sentido de apoyar ese cambio de posición procesal del Ayuntamiento, aunque no estén de acuerdo en los argumentos de Ramón Arenas sobre la supuesta actuación entorpecedora del municipio para la instrucción de la causa. Al contrario, aseguran que el empresario carga contra el Ayuntamiento por no acusar cuando él quiere.

En cambio Podemos-IU difiere radicalmente en este punto, porque considera que si el Ayuntamiento pasa a ser posible responsable civil el perjuicio para las arcas municipales podría ser enorme a la larga. “Si se hace así, la ciudad podría tener que pagar las tropelías de los investigados”, ha explicado hoy el portavoz de este grupo, Antonio Cambril. 

El asunto concreto o la pieza en la que se están ventilando estas cuestiones es el del Pabellón Mulhacén, donde el municipio autorizó una serie de negocios de restauración sobre suelo de uso deportivo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró nulos (aunque la sentencia está pendiente de recurso).

En el caso Nazarí, si se confirma esa ilegalidad, se podrían dilucidar tanto responsabilidades penales como civiles (de tipo económico) para resarcir a los terceros perjudicados, si al final se anularan esos negocios explotados por otras empresas que resultarían afectadas. 

La posición del PSOE

Otra parte acusadora que ya ha tomado posición al respecto, el PSOE, sorprende en su respuesta. Se adhiere por completo a la petición de Arenas y pide que el Ayuntamiento vuelva a ser responsable civil subsidiario. Esto es algo que los socialistas cambiaron cuando llegaron a la Alcaldía de la ciudad.

Es decir, en 2016, tras las detenciones por la apertura de estas diligencias penales y la dimisión de Torres Hurtado, el gobierno del PP en funciones se personó en la causa precisamente como responsable civil subsidiario. Cuando el PSOE de Paco Cuenca accedió a la Alcaldía se instó el cambio de posición procesal en el caso Nazarí, para que el Ayuntamiento figurara como acusación en lugar de como defensa, por considerarse posible perjudicado de las supuestas actividades delictivas. Por eso ahora sorprende que vuelva a apoyar el cambio que este partido instó hace casi cinco años para evitar, precisamente, los posibles perjuicios económicos.