El papel del Ayuntamiento de Granada en el caso Nazarí, que tras varias vicisitudes iniciales accedió en calidad de acusación particular como posible perjudicado por los supuestos asuntos de corrupción que se investigan, vuelve a estar en el disparadero por la petición formal ante la jueza instructora para que el organismo público sea "expulsado" de la causa por "entorpecer" el avance del procedimiento y alinearse con las defensas de forma reiterada.

Del mismo modo que la Audiencia Nacional decidió respecto al PP en el caso Gürtel, o la instructora de los ERE hizo con la Junta de Andalucía y la Audiencia de Granada, con el Ayuntamiento de Atarfe en el caso Medina Elvira, la acusación particular que representa el empresario Ramón Arenas en el Nazarí pide ahora que el Ayuntamiento de Granada deje de ostentar esa cualidad procesal y sea expulsado, o bien se transforme en responsable civil subsidiario, tanto en la pieza Mulhacén como en otras que están en tramitación dentro de la macrocausa Nazarí. 

¿Esto qué significa? Que el Ayuntamiento no podría reclamar los posibles perjuicios económicos que se hubieran producido para las arcas públicas y en lugar de eso tendría que responde por ellos ante otros perjudicados, si finalmente se demostraran ilegalidades en la actuación del antiguo gobierno de Torres Hurtado. La pieza Mulhacén se centra en la construcción de una serie de locales comerciales y de restauración en una parte de la parcela deportiva que en principio se adjudicó por completo para hacer un pabellón más grande del actual. 

A juicio de la acusación de Ramón Arenas (que era propietario del terreno colindante al pabellón), desde el cambio en la dirección de la asesoría jurídica del Ayuntamiento decidido algo después del cambio de Gobierno municipal (con la vuelta de la coalición PP y Cs), esta parte del caso Nazarí habría ido contra la obligación legal de actuar con "buena fe procesal", mediante el "abuso de derecho", incurriendo en "fraude de ley". 

El escrito que ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada pone el acento en el papel del responsable de la asesoría jurídica municipal porque es el mismo que hace años fue nombrado por el principal investigado, José Torres Hurtado, para el mismo puesto y que mantendría una "estrecha relación personal" con la exconcejal Isabel Nieto. Abandonó el cargo municipal por decisión del anterior gobierno socialista de Paco Cuenca, pero volvió cuando el PP retomó el poder en el bipartito actual. 

Según denuncia la acusación particular del empresario granadino, el Ayuntamiento de Granada habría "entorpecido o dirigido fraudulentamente dicha posición procesal hacia la defensa de aquellos (acusados), no compatible con la labor de una verdadera acusación particular. De ello dice esta parte que ha quedado constancia durante el tiempo de desarrollo de la instrucción y también el caso Serrallo, donde el municipio también era acusación particular, pero apenas tuvo intervención en el juicio.

En su escrito, el letrado de Arenas asegura que el Ayuntamiento "nunca ha realizado actos o intervenido como tal acusación ni tan siquiera en esta pieza, en la que tampoco ha solicitado diligencias". 

La posición del Ayuntamiento de Granada en el caso Nazarí fue controvertida desde el primer momento, cuando en 2016 y tras la dimisión de Torres Hurtado su sustituto como alcalde en funciones, Juan García Montero, decidió personarse en la causa como responsable civil subsidiario en lugar de como acusación. Este último paso fue dado tiempo después por el gobierno socialista, que alegó públicamente que se trataba de una "decisión política" y no técnica. 

El cambio de gobierno dio lugar a una nueva sustitución del letrado que se encarga del caso Nazarí en representación del Ayuntamiento de Granada, cuya posición en las últimas declaraciones judiciales ha sido el detonante para que la acusación particular haya optado por pedir a la jueza su expulsión del caso Nazarí.