La diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Ana Villaverde, ha condenado la agresión homófoba que se ha conocido en Castell de Ferro, en Granada y ha expresado su apoyo a la víctima.

Villaverde ha llamado la atención sobre la “preocupante escalada de violencia contra las personas LGTBI que se viene produciendo en los últimos años y que ahora parece que se está recrudeciendo aún más”.

Según los últimos datos recogidos por la FELGTB y publicados por el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, los incidentes de odio se sitúan ya por encima de los 971 casos en este año, incluyendo tanto casos denunciados en comisarías como los registrados por asociaciones de todo el país. Esto supone un aumento muy significativo respecto a los 629 casos del año anterior. En Andalucía, además de la agresión en Granada, en este mes de julio también se han denunciado agresiones en Huelva, Córdoba y Málaga.

La diputada ha recordado también como “las agresiones físicas la punta del iceberg de una violencia que el colectivo LGTBI sufre cada día en forma de insultos, agresiones verbales, bullyng en los centros educativos o discriminación en el ámbito laboral. Y en la base de la pirámide, detrás de todas estas acciones violentas, está el discurso de odio que promueve la extrema derecha y que cada vez se está normalizando más debido a su presencia institucional, en medios de comunicación y en redes sociales y la legitimidad que les otorgan otras fuerzas políticas pactando con ellos. Pero por suerte, no tienen todo el viento a favor y como hemos visto recientemente con las movilizaciones a raíz del asesinato de Samuel, hay una mayoría social que no solo rechaza la lgtbifobia, sino que está dispuesta a poner el cuerpo para defender a quienes la sufren”.

Por último, Villaverde ha anunciado que le exigirá a la Consejera de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación, Rocía Ruiz, que aclare qué medidas se van a tomar desde el Gobierno de la Junta de Andalucía para afrontar esta escalada de agresiones y delitos de odio contra el colectivo LGTBI. “El 65% de las agresiones no se denuncian, lo que quiere decir que estamos ante un problema de una magnitud mucho mayor de lo que se piensa. Es evidente que algo falla cuando las víctimas no confían en las instituciones. A menudo se encuentran con que la lgtbifobia está también presente en aquellos que deberían protegerles o en sentencias de jueces que no consideran esas agresiones delitos de odio. Hace mucha falta destinar recursos a la sensibilización y educación social y a la formación de profesionales como jueces, policías, docentes, sanitarios, etc. que están en la primera línea de actuación”.