Alhendín consintió que una empresa a cargo de Frai tasara a la baja el suelo

El convenio que el Ayuntamiento de Alhendín, entonces gobernado por el PP, alcanzó con la promotora Frai para la construcción de 1.200 viviendas acumula un sinfín de irregularidades que han supuesto a la larga importantes pérdidas en los ingresos que le correspondían al municipio, según el informe pericial de los técnicos de la Junta de Andalucía.

Dicho dictamen elaborado por la Dirección General de la Inspección de Ordenación del Territorio cuestiona toda la operación realizada por los anteriores responsables del gobierno municipal, el entonces alcalde, José Guerrero, y el concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, ambos imputados en el caso Marchelo por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, junto a varios promotores, entre ellos el responsable de Frai y los gestores del polígono de Marchalhendín.

A requerimiento del juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Torres Gómez, los peritos de la Junta constatan varias infracciones "patentes y fragantes" del ordenamiento jurídico en lo relativo al convenio urbanístico que se firma el 3 de septiembre de 2004 con Frai para la construcción de viviendas -ya levantadas- y que, por su naturaleza, al implicar cambios en el planeamiento urbanístico, obligaba a que fuera el pleno del Ayuntamiento quien autorizara la operación y no la junta de gobierno.

No sólo eso. El entonces gobierno local se saltó el trámite y ni siquiera, según el informe pericial, justificó, como es preceptivo por ley, la decisión de obtener en metálico la venta del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico que correspondía al Ayuntamiento por la citada operación. Lo más grave de todo, según se constata del análisis pericial, es que la valoración de esos aprovechamientos los hizo una entidad privada, una consultora inmobiliaria contratada por la promotora Frai, y no los servicios de la Administración, tal y como obliga la ley para evitar la parcialidad; motivo suficiente, según los peritos, para considerar anulable la operación. Así, el Ayuntamiento de Alhendín, no sólo aceptó lo que fijó dicho informe que establecía un precio por el valor de la cesión patrimonial en torno a 1,7 millones de euros- sino que luego se conformó con una indemnización económica de 1,2 millones, es decir, un desfase de 500.000 euros.

El informe también contraviene las bonificaciones fiscales que obtuvo la empresa por tramitación de las licencias de las edificaciones, en concreto el 30 por ciento en la cuota de las tasas; un trámite que requería una norma de rango legal. Del citado informe pericial se desprende que la tramitación del citado convenio no fue sólo irregular sino que el municipio perdió incluso dinero.