El Ministerio de Vivienda ha publicado este martes el nuevo Índice de Precios de Referencia, que en la práctica busca establecer una guía para topar el precio del alquiler de viviendas en aquellas zonas declaradas como tensionadas, es decir, aquellas en las que el coste de pagar mensualmente al casero excede, y mucho, las capacidades económicas del inquilino. Aunque son las Comunidades Autónomas las que deben solicitar esta condición, los datos del propio índice muestran que a Granada le saldrían las cuentas para serlo. El índice entra en vigor a partir del 13 de marzo. 

Una comparación realizada por este periódico (la herramienta está disponible en la web del Gobierno) entre los precios que ofrece el índice del Ministerio de Isabel Rodríguez y el que se encuentra en el mercado, muestra diferencias que pueden llegar incluso a ser el doble, como es el caso de la zona de Albayda, en constante crecimiento. Así, un piso en este barrio 'millennial', tendría un máximo de unos 830 euros según los cálculos del Ministerio de Vivienda, pero es fácil encontrar anuncios donde esa cantidad se dispara hasta prácticamente los 1.500 euros, lo que supone un crecimiento del 80%.

No es el único. Un piso de unos 145 metros cuadrados en pleno centro de la capital debería tener un precio, según el Gobierno, de unos 840 euros como máximo (el índice te ofrece una horquilla de precios) pero la realidad es que el inquilino tendría que desembolsar más de 1.200 euros, precio un 40% superior al índice que establece el Ejecutivo. 

El caso del Centro es, si cabe, más significativo, dado el problema que ya existe en esta zona con los pisos turísticos, que están restando alternativas habitacionales a los ciudadanos. Una situación similar es la que se da en el Albaicín, donde esa tensión del mercado se cifra en un 33% de exceso sobre el precio de tope marcado. La diferencia iría de los 450 euros que calcula Vivienda a los 600 que se están pagando en la realidad. En un punto intermedio, en el Realejo, la situación no varía tampoco demasiado, pues un cálculo según la aplicación del Ministerio sitúa el tope del precio en unos 540 euros, pero es fácil encontrar casos donde el alquiler supera incluso los 900.

Algo mejor parece estar en la Zona Norte de Granada. A modo de ejemplo, los pisos en Joaquina Eguaras suelen rondar los 700 euros, mientras que los cálculos del Gobierno sitúan esta zona por encima ligeramente de los 600, por lo que es una de las áreas donde más se ajustan los precios dentro de la oferta de la capital.

Diferente es la situación para la zona de Caleta, donde Vivienda estima un máximo de unos 650 euros, pero el mercado ofrece pisos que rondan los 900 euros, incluso llegando a los mil, lo que en el mejor de los casos supone un crecimiento del 35%, mientras que en el peor, se sitúa en el 45%.

Finalmente, otra zona nueva como es el entorno del PTS, en el Zaidín, también está viendo subir los precios, llegando a los mil euros en muchos casos, mientras que al Índice de Referencia le cuesta superar los 600 euros en esta zona.

Y es que, sobre el papel, se considera zona tensionada aquella en la que los gastos de alquiler, o hipoteca, más el pago de las facturas, superan el 30% de los ingresos medios de los inquilinos. Así, si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 1.134 euros, el máximo debería situarse, por persona, en los 340 euros, una cifra que queda muy por detrás de lo que puede verse en el mercado. 

Con el rechazo del sector

Una vez conocida la puesta en marcha de esta herramienta, no han tardado en salir las voces críticas. El portal Idealista ha sido uno de los primeros en cargar contra la aprobación del índice, expresando su sorpresa en la decisión del Gobierno de continuar con "una política fallida".

Así, el portavoz del portal inmobiliario, Francisco Iñareta, ha subrayado que el Índice es "la crónica de la muerte anunciada" del mercado del alquiler, cuyo "verdadero" problema es la falta de oferta de viviendas y no la subida de los precios.

Además, Iñareta destaca en un comunicado que la implementación de un índice es "echar más gasolina al fuego" y "una falta de responsabilidad y sensibilidad" con las familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.

De esta manera, el portavoz de Idealista apunta que la regulación de precios "no es el camino", sino una reincidencia en "políticas ya fracasadas", y ha cargado contra la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, porque dice que su llegada "no ha supuesto un cambio de actitud".

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha considerado que esto  “agudizará la huida de arrendadores de vivienda habitual del mercado”.