Anulan las oposiciones de la Policía en las que se filtraron preguntas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha anulado las oposiciones para cubrir ocho plazas de subinspector de la Policía Local de Granada y en las que la Audiencia Provincial ya determinó que fueron un fraude porque cinco de los aspirantes se aprovecharon de una filtración del tribunal para aprobar el examen.

La sentencia, dictada el pasado 13 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico, deja sin validez ese examen, celebrado el 10 de abril de 2007, y en teoría los ocho agentes que consiguieron su plaza de subinspector deberían dejar sus puestos y volver a ser sólo agentes.

La situación, ahora, es compleja, porque en este periodo han ascendido. Cuatro son ahora inspectores y uno es intendente.

El fallo puede ser recurrido a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, por lo que la sentencia ahora emitida no es firme y eso permitirá que al menos de momento los policías implicados en el fraude sigan en sus puestos.

En su sentencia, la juez de lo Contencioso coincide casi punto por punto con la Audiencia, que consideró "imposible" que pudiera ser fruto de la casualidad el conjunto de coincidencias" que se produjeron. "No es fruto del saber, ni de la suerte, ni del destino, ni son hipótesis ni conjeturas sino hechos constatados. La única explicación al hecho de que los opositores contestasen casi con completo acierto a las preguntas sólo puede justificarse con el razonamiento que se ha dado", añade, en referencia al fraude detectado por la Audiencia.

Para la juez, el hecho de que no recayera sentencia penal sobre nadie por un delito de revelación de secretos "no afecta a la declaración de hechos probados que esta sentencia realiza". Enfatiza a renglón seguido que "el hecho de que no se conozca quién realizó el acto de filtración o si ésta fue o no intencionada, no es óbice para que de la suma de cuanto antecede se aprecie que algunos de los opositores accedieron al conocimiento de las preguntas y, en su caso, de las respuestas".

Todo lo anterior, agrega, "debe provocar la anulación del proceso selectivo y de sus consecuencias. En particular los nombramientos", ya que se aprecia que "no todos los opositores estaban en igualdad de condiciones". Esas irregularidades causaron una situación de "indefensión", por lo que "procede anular el acto administrativo".

Los hechos fueron denunciados por un opositor que no ganó la plaza. El caso lo llevó el Juzgado de Instrucción número 6, que archivó la causa por entender que las irregularidades denunciadas no podían atribuirse a ninguna persona en concreto.

Pero recurrió a la Audiencia, que el 15 de octubre difundió un auto que calificaba las oposiciones como fraudulentas, puesto que cinco de los catorce opositores fueron informados sobre el contenido del examen por uno o varios miembros del tribunal".

La Audiencia tenía claro que se había cometido una irregularidad. Pero aun así decidió el sobreseimiento provisional del caso porque no pudo determinar quiénes eran los responsables. Apreciaba que "uno o varios miembros del tribunal forzosamente tuvieron que explicar el contenido del examen o parte del mismo", pero no logró pasar de ahí.

El caso, en consecuencia, quedaba cerrado por la vía penal. No había culpables y a nadie se le podían pedir responsabilidades. Pero en paralelo también se denunció el caso por la vía del contencioso-administrativo, que ahora da la razón al denunciante, estima su recurso de alzada y deja sin efecto el concurso oposición de la polémica.