Asaja Granada llevará a su próxima Junta Directiva la declaración de personas no gratas a los diputados granadinos del PSOE en el Congreso: José Antonio Montilla, Elvira Ramón Utrabo y M.ª Inmaculada Oria López, y al congresista de Unidas Podemos, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, por su negativa a la introducción de dos enmiendas en el informe de ponencia de la Ley de la Política Agraria Común (PAC): la eliminación de la prohibición de la quema de residuos agrícolas y la aplicación de la doble tarifa eléctrica para los regantes en función de las necesidades de suministro. Estas enmiendas han salido finalmente adelante y serán incorporadas a la Ley de gestión de la PAC (pendiente de aprobación), aunque no ha sido "gracias al apoyo de nuestros representantes provinciales", según la organización agrícola, que los acusa de defender "la línea marcada por el Gobierno" en lugar de los "intereses de agricultores y ganaderos".

La quema de residuos vegetales generados en el entorno agrícola y silvícola, explica Asaja en una nota, fue prohibida con carácter general, contra toda lógica agronómica y medioambiental, por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en abril de este año, en su artículo 27.3, añadiendo sobrecostes inasumibles para las explotaciones por el aumento de prácticas mecanizadas e inversiones imposibles de afrontar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el de Transición Ecológica se excedieron con ella en su interpretación de las directivas comunitarias y pusieron contra las cuerdas al sector agrario impidiendo una actividad esencial para el sector primario, perfectamente regulada desde hace muchos años, que evita la proliferación de enfermedades y riesgos fitosanitarios y beneficia la fertilización del suelo tras la recolección y las podas, con un impacto medioambiental mínimo. La doble tarifa de riego se acabó por incluir, tras las reclamaciones insistentes del sector, en una disposición final mediante enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y se llegó a incorporar en la Ley de la Cadena Alimentaria, pero "el Gobierno se ha negado a implementarla excusándose en que no existe marco necesario para ello cuando resulta fundamental para optimizar el uso del agua y la energía y podría ahorrar un 20% la factura de la luz", denuncia la organización.

"Es indudable la política de abandono del campo que practican tanto el PSOE como Unidas Podemos", afirma Asaja, quien concluye su comunicado señalando a "los políticos que nos representan que no cumplen con sus responsabilidades", para después reciminar "la pésima PAC impuesta sin diálogo por el ministro Planas, que hará perder a los agricultores y ganaderos de la provincia de Granada 100 millones de euros en el periodo de aplicación 2023-2027".