Taler Real Estate, Forum de Negocios de Granada, Forum de Negocios de Motril, Forum de Negocios del Sur… Son algunas de las sociedades, que a su vez tienen participaciones en otras como Bodegas Señorío de Nevada, El Valle de Villamena o Las Albaryzas de Otura, que ha ordenado investigar el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el conocido caso Banco Popular. El instructor y la Fiscalía sospechan que sirvieron para ocultar pérdidas millonarias de empresas muy endeudadas mediante un red opaca tejida en Luxemburgo. Bastante de esto ya está en el sumario del caso Nazarí, ¿cuál es el vínculo?

Desde su aparición a partir de 2014, las citadas sociedades se quedaron al frente de un extenso patrimonio en Granada como el Centro Comercial Serrallo y los edificios Forum y Progreso. Este último, en la calle Andrés Segovia, es donde el Partido Popular instaló su sede provincial, primero en alquiler y luego mediante una operación de compra anunciada en 2018, que causó sorpresa porque se había debatido internamente si esta localización era demasiado costosa.

En definitiva, las sociedades que escudriña ahora el juez de la Audiencia Nacional y de las que ha pedido amplios informes al Banco de España y al Banco Santander (que absorbió el Banco Popular por un euro) se quedaron con la herencia de todos esos grandes proyectos urbanísticos del promotor granadino Roberto García Arrabal y su familia, que durante más de una década simultaneó la construcción de viviendas, grandes hoteles, centros comerciales, restaurantes, complejos deportivos y hasta edificios giratorios, con el apoyo económico del Banco Popular, que llegó a ser socio de su empresa. 

Con la crisis en todo lo alto, a finales de 2014 se firmaron unas operaciones de venta de acciones en las que intervinieron sociedades de Luxemburgo creadas sólo unos días antes. Todo esto ya aparece reflejado desde hace algunos años en los informes policiales que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) hizo para un juzgado de Granada y que constan en el sumario del caso Nazarí, donde se sigue investigando la presunta trama de corrupción urbanística municipal en tiempos del exalcalde del PP José Torres Hurtado.

La tesis policial desde el inicio en este caso es que políticos y funcionarios habrían dado un trato de favor al empresario García Arrabal para impulsar aquellos grandes proyectos, que después pasaron a manos de esas sociedades supuestamente opacas con las que el Banco Popular podría haber tapado millones de euros de pérdidas (esto último, según la investigación del Juzgado Central de Instrucción 4). En el caso Nazarí, concretamente, se investigan las supuestas facilidades dadas desde el Ayuntamiento de Granada para hacer el edificio donde el PP alquiló y luego compró locales para su sede, el Pabellón Mulhacén y sus restaurantes aledaños, y el complejo Campus Padel.  

Entre la documentación que está en la causa Nazarí a raíz de los registros policiales practicados en despachos de García Arrabal y Taler Real Estate en Granada, constan documentos sobre esas operaciones de venta de acciones, en diciembre de 2014, de la empresa que entonces era de García Arrabal a dos sociedades de Luxembrugo, Pride Investments y Universal Holding. El juez Calama de la Audiencia Nacional también ha incluido estas dos firmas extranjeras entre la lista de las que ha requerido información.

El magistrado dio un impulso a esta línea de investigación a finales de enero con nuevos imputados y diligencias. Para ello exponía en su auto las sospechas de que se llevaron a cabo "diversas operaciones de financiación indirecta arbitradas por Banco Popular", que iban "destinadas a sociedades españolas con una frágil situación financiera, clientes de Popular, a través de sociedades que operaban en Luxemburgo". Según las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción, que secunda esta tesis, el Popular evitaba así que grandes créditos quedaran impagados con comisiones millonarias.

Contratos y escrituras que afloraron en los registros

Un contrato privado y una escritura del 18 de diciembre de 2014, que constan en los registros policiales del caso Nazarí, permitieron saber a los investigadores el nombre de las sociedades compradoras y algunos detalles de aquel acuerdo, en virtud del cual el empresario granadino y el Banco Popular (que hasta entonces compartían el accionariado de Inversiones Área Sur SL) traspasaban aquella empresa que era propietaria del Comercial Serrallo, entre muchos otros edificios importantes.    

En su informe, la Udef destacaba el hecho de que Universal Holding SA y Pride Investments SA (las firmas luxemburguesas) fueran constituidas solo unos días antes de la compra, el 9 de diciembre de 2014, con el capital social de 31.000 euros, habitual en ese país europeo, reconocido por su baja fiscalidad. Ambas fueron creadas por una sociedad offshore (opaca) y un despacho de abogados que aparece en los llamados Papeles de Panamá como un bufete intermediario de 75 firmas inscritas en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales.

Ambas sociedades también comparten domicilio social, el número 6 de rue Heinrich Heine (Luxemburgo), que es una de las direcciones más repetidas en los documentos secretos filtrados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Las sociedades offshore en paraísos fiscales tienen que estar asociadas a un nombre y a una dirección del país del cliente que demanda la apertura de esas firmas opacas. En la documentación de decenas de empresas registradas por el despacho panameño de Mossack Fonseca y otros, aparece como referencia de su origen la misma dirección luxemburguesa, la empresa y el bufete de abogados intermediario que aparecían en la operación de compraventa del Serrallo Plaza y otros edificios y negocios en Granada.

Cabinet d'Avocats Faltz & Felgen es el nombre de ese despacho luxemburgués experto en creación de estructuras societarias offshore, tan aludido en los Papeles de Panamá. Los abogados René Faltz y Thomas Felgen son los directores y administradores de las sociedades compradoras de la empresa de García Arrabal, según los datos del Registro Mercantil de Luxemburgo a los que tuvo acceso Granada Hoy, cuando desveló en 2017 los vínculos de esas sociedades con los Papeles de Panamá.

En los mismos documentos figuran otras empresas detrás de las firmas que adquirieron el negocio del Serrallo en 2014: Luxembourg Offshore Management Company SA (a su vez gestionada por Server Group Europe SA, la sociedad de referencia de decenas de empresas de los Papers de Panamá) y Eraco Ltd., constituida en las Islas Vírgenes por los mismos abogados y que aparece en los documentos panameños dentro de un entramado de sociedades opacas, que se conectan entre sí participadas unas con otras.

Los activos granadinos que a finales de 2014 quedaron en manos de las luxemburguesas Universal Holding SA y Pride Investments SA, al adquirir las acciones de Inversiones Área Sur SL (Inmobiliaria Hermanos García Arrabal y Popular de Participaciones Financieras SCR SA), suman muchos millones de euros, pues a pesar de la deuda hipotecaria que tenía con el propio Banco Popular, la empresa fundada por la familia García Arrabal tenía declarado en aquel momento un capital social de 23,3 millones de euros (3.876.874 participaciones). Esta misma cifra, que consta en el Registro Mercantil, es la que aparece en el contrato privado de venta alcanzado con las sociedades extranjeras. Sin embargo, al menos el 50% de las participaciones (las 1.938.437 de García Arrabal) se habrían vendido muy por debajo de ese valor.

En la escritura de la operación, firmada por el empresario granadino y un abogado representante de la firma luxemburguesa Universal Holding SA ante el notario Ignacio Ramos Covarrubias, el importe de la venta reflejado es de 7 millones de euros. Esto significa que las participaciones sociales, que tenían un valor de 6,01 euros en el momento de la venta, se transfirieron a 3,61 euros cada una. Este detalle es uno de los aspectos de la venta de la sociedad de García Arrabal que destaca la Udef en uno de los informes que constan en el sumario Nazarí del Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

Arrabal fue imputado ese mismo año 2014 por el caso de la discoteca del Serrallo (por el que ha sido condenado recientemente). Más tarde fue detenido el 13 de abril de 2016 y aún es investigado en la macrocausa Nazarí de presunta corrupción municipal, junto a los antiguos responsables municipales.

Entre los documentos obtenidos por la policía en las oficinas de García Arrabal están los justificantes bancarios del pago acordado en la venta. 3,8 millones de euros en dos cheques del Banco Popular con la misma fecha de la firma de la escritura iban destinados a Hermanos García Arrabal SL, otro de 1,1 millones de euros fue abonado a Serrallo Plaza Management SL y el empresario obtuvo otros 4 avales bancarios de pagos aplazados hasta 2015 que otorgaba también el Popular, respaldando así el pago por parte de Universal Holding SA. La entidad bancaria española era avalista de una de las compradoras por un lado y, por otra parte, la vendedora de sus acciones a la otra sociedad luxemburguesa constituida por el mismo despacho de abogados. 

Aquella operación de venta a Universal Holding SA y Pride Investments SA, sociedades creadas en Luxemburgo por el despacho de abogados Feltz y Felgen, se firmó el 18 de diciembre de 2014. La empresa transferida (Inversiones Área Sur SL), creada por la familia García Arrabal en 2004, cambió de denominación en ese momento y se convirtió en la actual Taler Real Estate SL, una de las firmas de las que la Audiencia Nacional ha requerido información. Tanto en el caso Serrallo como en el caso Nazarí, esa sociedad ha comparecido a través de sus sucesivos representantes legales.