Una nueva resolución judicial, esta vez de la Audiencia Provincial (donde se celebrará el juicio del caso Serrallo), ha rechazado que la fianza de 2 millones de euros exigida a los investigados de esta causa judicial sea cubierta por la aseguradora que tiene suscrita una póliza de seguro con el Ayuntamiento de Granada, como habían pedido tanto el exalcalde José Torres Hurtado como otros responsables municipales que se sentarán en el banquillo.

Hace ya más de un año que el exalcalde de la ciudad acudió al juzgado para depositar una copia de la póliza vigente que tiene contratada el Ayutamiento de Granada para cubrir de posibles responsabilidades económicas a sus políticos y funcionarios. Con este documento pretendía que la aseguradora Segurcaixa Adeslas se hiciera cargo de la fianza de 2 millones de euros que la jueza del caso Serrallo acababa de imponerles a los acusados como forma de asegurar las posibles consecuencias de una hipotética condena tras el juicio.

Entonces comenzó un largo proceso en el que la magistrada de Instrucción 2 de Granada pidió pronunciamiento a la compañía (que se negó a cubrir la fianza) y finalmente, a finales del año pasado, ordenó a los acusados que abonaran las cantidades exigidas sin demora o presentaran una serie de bienes como aval.

Los acusados y posibles responsables civiles de esta causa, que en 2020 enjuiciará la legalidad de la discoteca construida junto al centro comercial Serrallo, tuvieron que presentar una serie de bienes, como pisos, casas, terrenos y hasta planes de pensiones, para cumplir esa orden judicial. Pero algunos de los investigados, la exedil Isabel Nieto y otros ex altos cargos de Urbanismo como Manuel Lorente, recurrieron la decisión judicial y han insistido en la cobertura de la póliza municipal hasta este momento, en que la Audiencia Provincial, como instancia superior, se ha pronunciado también en su contra.

La Sección Primera, mediante un auto fechado el 3 de julio, al que ha tenido acceso este periódico, ha rechazado el recurso planteado por los anteriores responsables municipales por varios motivos, entre los que destaca la ni siquiera procedencia del recurso. Aunque sí aborda el fondo del asunto y rechaza darle la razón a los acusados en esta cuestión que considera propia de la jurisdicción civil.

Este tema de la fianza de 2 millones de euros, no sólo en lo referente a la póliza, ya ha sido recurrido por varias vías sin apenas éxito por parte de los acusados (sólo ha sido excluido el concejal Francisco Ledesma). El resultado final es que hay decenas de bienes que ya se encuentran trabados a través de notas preventivas que los diferentes registros de la propiedad han hecho constar, a petición de la jueza de instrucción.