La Audiencia devuelve al juez el caso de las licencias de Medina Elvira

El caso contra los exalcaldes de Atarfe Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso por la concesión de las licencias de primera ocupación de la urbanización Medina Elvira volverá a manos del juez que lo investigó, el titular del juzgado de Instrucción 4, para el dictado de un nuevo auto de apertura de juicio oral.

Ayer estaba previsto en la Audiencia de Granada el comienzo de la vista, que finalmente fue suspendida tras pedir las acusaciones particulares la inclusión en el proceso del Ayuntamiento de Atarfe como posible responsable civil subsidiario y, por ende, la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral dictado en su día.

Tras analizar la solicitud, los magistrados de la Sección Segunda acabaron acogiendo la petición -a la que no se opusieron las defensas- y ordenaron la devolución de las actuaciones al juzgado que dirige el magistrado Antonio Moreno para modificar en ese punto la resolución y que pueda ser recurrida.

Se da la circunstancia de que la vista, para la que la Audiencia había reservado en un principio ocho días, se inició con un considerable retraso debido a la ausencia de uno de los letrados defensores, que finalmente hizo acto de presencia.

En la causa hay una decena de abogados que representan a las acusaciones particulares que ejercen los vecinos del residencial. Uno de ellos es Rafael Revelles, quien confirmó a este diario que una vez se dicte el nuevo auto se dará traslado al Ayuntamiento de Atarfe para que emita su escrito de defensa, así como a las administraciones concursales de las empresas implicadas en el caso que se hallan en concurso de acreedores. También existe en la causa una acusación popular, que es Ecologistas en Acción.

La urbanización Medina Elvira estaba llamada a convertirse en un complejo de lujo dotado de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado. El juicio iba a ser largo. Empezaba ayer e iba a continuar mañana, para proseguir los días 1, 4, 5 y 22 de febrero, y el 1 y el 3 de marzo.

Los dos exalcaldes socialistas no son los únicos acusados en este proceso, también lo están el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., que está defendido por el letrado Fernando Reyes Gómez Solana, y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., cuyo abogado es Pablo Luna.

Para ellos y para los exregidores la Fiscalía pide la misma pena: dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística, informa Europa Press.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof -la empresa propietaria de los terrenos- Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita 6 años de prisión y multa de 14.400 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que tanto Víctor Sánchez, que fue alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009, como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias". De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

Hace unos días la Audiencia dictó una sentencia absolutoria en el otro frente judicial penal de este asunto, en el que se investigaron supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de la zona.