La Zona de Bajas Emisiones de Granada afronta 2026 con el objetivo de mejorar la calidad del aire y entre críticas por el modelo implantado

El 2026 va a ser un año clave para la Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE). Esta medida de control de la movilidad para evitar que vehículos considerados contaminantes llenen el aire de ciudades con una población de más de 50.000 personas, y que viene impuesta por el Gobierno de España, continuará vigente para tratar de mejorar el aire que se respira en la ciudad nazarí. Activa desde octubre de 2024 y tras un año completo en pruebas, las sanciones comenzaron a imponerse a quien entre en la capital con coches sin distintivo ambiental el pasado 1 de octubre. Todo ello entre críticas sobre el modelo elegido y el daño que este puede hacer, sobre todo, a los comerciantes.

El primer año completo de implantación de la medida, amparada por el artículo 143 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, será fundamental para comprobar si su despliegue por la ciudad de verdad sirve para reducir la mala calidad del aire que se registra habitualmente en la ciudad nazarí. Tienen prohibida su entrada aquellos vehículos que son anteriores a 2021 si son gasolina o a 2006 si son diésel. Los coches que pagan el impuesto de circulación en el Ayuntamiento de Granada no tienen ninguna restricción y pueden circular aunque no tengan etiqueta.

La sanción por entrar en la ciudad es de 200 euros, aunque no afectará a los vehículos que estén incluidos en la lista blanca o vayan a un parking habilitado durante al menos una hora. La red de cámaras capta la matrícula, coteja los datos, y si no se incluye entre las excepciones es cuando sanciona. No es necesario llevar pegado el distintivo ambiental de vehículo. En octubre solo se ha puesto una multa al mes por vehículo, en noviembre fueron una a la semana, y ya desde diciembre cada vez que se entra a la ciudad es motivo de infracción.

La zona restringida a vehículos contaminantes abarca todo el núcleo urbano de la ciudad, limitado por la Circunvalación (autovía GR-30), la Ronda Sur y la A-4006. En total 23,5 kilómetros cuadrados de extensión. Solo algunas calles próximas a estas vías en los accesos quedan libres, para favorecer la entrada a parking de los vehículos o para poder acceder al hospital Clínico San Cecilio, el de referencia para la mayoría de la población del Área Metropolitana.

Objetivo: reducir la contaminación

A partir de ahora se revisará si el modelo actual está funcionando para reducir los gases contaminantes del aire de Granada. El tratar de evitar que estos vehículos entren en la ciudad debería servir para que los coches más viejos del parque móvil granadino no entren en la capital, lo que reduciría desplazamientos. También el hecho de que haya una serie de aparcamientos de borde y estacionamientos autorizados en los que, si se para durante una hora no hay sanción, busca que estos vehículos no estén dando vueltas por las calles buscando aparcamiento y, por tanto, emitiendo gases.

En la comisión de Movilidad que se produjo en el mes de noviembre en el Ayuntamiento, la concejal Ana Agudo dio los primeros datos sobre lo que había supuesto la implantación con sanciones de la ZBE durante el primer mes de funcionamiento. En total, durante el primer mes se había reducido el volumen de tráfico total de entrada a la ciudad en un 1%, y del total de vehículos de fuera de la capital sólo al 8% de los que entraron no les correspondía etiqueta medioambiental.

Además, el 3% de aparcamientos en superficie de Granada, ya sea en línea blanca o zona azul, eran vehículos de los considerados contaminantes. El 67% de ellos, de fuera de Granada. En total y hasta noviembre se habían dado un total de 2.548 autorizaciones de lista blanca, la gran mayoría de ellas a conductores de más de 67 años. También pueden pedir autorizaciones para entrar en Granada aquellos vehículos que sean titularidad de un propietario que disponga de garaje en la ciudad, aunque este permiso sólo da acceso única y exclusivamente para llegar al garaje.

Según los cálculos del Ayuntamiento, la ZBE reducirá las emisiones de gases contaminantes que genera el tráfico en la ciudad en un 32% toda vez que la norma esté más rodada y los conductores más habituados a ella. El ambicioso objetivo de reducir en tres años las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 23.021 kilos (un 32%) y en 2.485 kilos las partículas en suspensión (un 34%) que genera el tráfico en la ciudad. Además, aspira a reducir en un 26% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con el tráfico.

Estos objetivos se conseguirán con una transición durante los próximos tres años de ese 8% de los vehículos que circulan por la ciudad y que son considerados contaminantes hacia otros modos de transporte más sostenible, como el bus urbano e interurbano, el metro, los vehículos de movilidad unipersonales o la movilidad activa (peatonal y ciclista).

El modelo actual, muy criticado

Las dudas y polémicas que genera la ZBE de Granada residen principalmente en el modelo escogido y en el tipo de vehículo sobre el que se ha puesto el foco. El hecho de que afecte a todo el término municipal y que se prohíban los accesos de vehículos contaminantes mientras los que sí están censados dentro puedan moverse libremente, en una ciudad con una elevada población flotante sobre todo en el Área Metropolitana, ha sido el arma escogida por los detractores de la norma, que incluso han llegado a manifestarse en varias ocasiones pidiendo su cambio.

Críticas y también denuncias. Han sido varios los municipios del Área Metropolitana, las formaciones políticas y las asociaciones las que, tras ver que sus alegaciones no se contemplaban en la norma, han llevado el modelo de ZBE a los tribunales. Concretamente, han presentado sus denuncias ante el Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En los tribunales aún quedan por resolverse cinco recursos contra la ordenanza, dos de ayuntamientos como el de Maracena, así como el del grupo municipal de Vox en el de Granada, y los de dos asociaciones.

Algunos de los recursos han llegado a pedir de forma cautelar que se pause la medida y se frene su desarrollo mientras se analiza. Sin embargo, por el momento el TSJA no ha estimado oportuno aplicar ninguna suspensión cautelar a la medida. Los municipios de Armilla y Gójar lo pidieron en su denuncia, pero el Alto Tribunal andaluz no lo ha aplicado. Esto no significa que las denuncias de ambas localidades no sigan adelante, sólo que el TSJA no ve necesidad en obligar a Granada a pausar la medida.

Por su parte, los comerciantes del centro de Granada también se han mostrado muy en contra de la medida, denunciando que este modelo los aboca a la quiebra económica. Los datos del Observatorio del Centro Comercial Abierto, realizado en el conjunto de la capital, revela que la medida está provocando una pérdida sostenida de actividad económica en la ciudad. Señalan que el problema no es ideológico, sino "económico, inmediato y medible", y lo resumen en una frase que se repite entre comerciantes: “si mi coche no entra, mi dinero tampoco”.

Según el informe, el 82,2% de los negocios consultados declara haber registrado ventas más bajas en octubre y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre los establecimientos que han sufrido descensos, la caída media se sitúa en el 25,46%, un dato que el sector califica de especialmente preocupante al afectar a un periodo clave para la estabilidad económica, el empleo y la planificación comercial.