Los "damnificados" por la Zona de Bajas Emisiones de Granada piden su eliminación al ser “la más injusta de Andalucía”
Una manifestación ha recorrido este domingo el centro de la capital pidiendo suprimir una norma "humillante y discriminatoria"
Guía fácil para conocer la Zona de Bajas Emisiones de Granada
Un millar de personas convocadas por el grupo de ciudadanos de Granada que se denomina como "damnificados por la Zona de Bajas Emisiones" (ZBE) se han manifestado este domingo por las calles de la capital pidiendo que se suprima esta norma, a la que consideran la “más humillante, discriminatoria e injusta de toda Andalucía”, y denunciándola como "inconstitucional".
Con cánticos en contra de la medida y haciendo sonar silbatos durante la marcha, los ciudadanos han pedido al Ayuntamiento que elimine la medida tal y como está planteada, afectando a todo el término municipal de la capital, y la replantee a zonas concretas del centro de la ciudad, asegurando que la medida no está suponiendo una reducción real de los gases contaminantes y que, por contra, está perjudicando a particulares y comerciantes.
Durante la marcha se han leído pancartas como “no a esta ZBE, no es ecología es destruir la economía”, “sin preguntar ni consultar habéis metido la ZBE en toda la ciudad” o “Granada en pie contra la ZBE”, han pedido además la dimisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y de la concejal de Movilidad, Ana Agudo.
Esta agrupación, un grupo de ciudadanos "sin vinculación política con ningún partido", según se autodefine, ha marchado con pancartas y gritos de protestas rechazando las restricciones que aplica la norma, que comenzó a sancionar el pasado 1 de octubre a los conductores de fuera de la capital que acceden con vehículos considerados altamente contaminantes al término municipal granadino.
Los convocantes han pedido a los granadinos procedentes de los 173 municipios de la provincia de Granada que estén sufriendo esta medida de la capital granadina que “se unan todos a una como Fuenteovejuna” y denuncien la situación, la cual consideran que impide el derecho constitucional a la libre circulación.
“Ha llegado el momento de salir a la calle y decir no. No y mil veces no a la Zona de Bajas Emisiones más humillante, más discriminatoria y más injusta de toda Andalucía. Levantémonos del sofá y alcemos la cabeza con orgullo de defender nuestros derechos constitucionales”, han demandado este domingo.
Esta agrupación ha sido creada por un grupo de ciudadanos "sin vinculación política con ningún partido", según se autodefine, y asegura que se ha unido a través de las redes sociales "para luchar contra una injusticia que nos arruina la vida". "Somos personas libres de todo tipo de creencias y solo nos une el estar en contra de una injusticia", han venido asegurando en las últimas semanas.
Según han denunciado, saben que la medida de la ZBE es una imposición del Gobierno, pero consideran que el diseño, la extensión y restricciones de la misma "es total y absolutamente responsabilidad del Ayuntamiento de Granada”, por lo que exigen que para su implantación se siga el modelo de otras grandes capitales nacionales como Ávila, Vigo o Sevilla, "que solamente han hecho ZBE una pequeña área de la ciudad". Con eso, aseguran que "la ley queda cumplida, sin perjudicar a los habitantes y negocios de la ciudad y provincia".
Además, han denunciado que la actual ZBE de Granada impide el derecho constitucional a la libre circulación. "Excluyendo a vehículos de ciudadanos por el simple criterio de fecha de fabricación, se discrimina a los ciudadanos en función de sus rentas, ya que no todo el mundo se puede comprar de pronto un coche con etiqueta ecológica. Nuestros vehículos sin etiqueta medioambiental no son contaminantes, emiten los gases que se exigían cuando se fabricaron. Pasan la ITV anualmente y, por tanto, son totalmente legales y respetuosos con el medio ambiente", han considerado.
Por ello, denuncian que esta medida impide el acceso al trabajo, al cuidado de personas mayores, al cuidado de dependientes, a hospitales, a comercios de la ciudad y a cualquier servicio que solo se pueda recibir dentro en la capital. Algo que, según han alegado, es "a todas luces inconstitucionales". Además, han recordado que Francia ha eliminado las ZBE "por ser discriminatorias".
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