La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado al juez del caso Colina Roja, sobre una supuesta "trama" de corrupción en la adjudicación de contratos de la Alhambra, que ponga fin a esta investigación, sin contar además con las diligencias policiales del último año. El tribunal considera que el magistrado ha excedido el plazo legal de seis meses y que ordenó la habitual prórroga de las causas complejas dos meses después del límite temporal.

Una cuestión formal sobre el procedimiento, que se aplica desde que en 2015 entró en vigor la reforma legal que ponía límites temporales a los procesos de instrucción, puede terminar por diluir uno de los casos judiciales más importantes que se investigan en Andalucía, en el que están investigadas 28 personas (físicas y jurídicas), entre ellas las que formaron parte de la cúpula del Patronato de la Alhambra durante más de una década.

El juez instructor y la Fiscalía tramitaron la prórroga del caso fuera de plazoNo es la primera vez que la Audiencia desbarata este caso del juez Moreno

Precisamente ha sido un recurso de la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca el que ha motivado esta decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que obliga ahora al juez instructor, Antonio Moreno, a poner fin a esta investigación con las opciones que marca la ley, como son el sobreseimiento de la causa o su transformación en sumario o procedimiento abreviado, de cara a la preparación de un posible juicio oral.

Aunque para ello sólo podrá contar con las pruebas que se hayan podido reunir antes del 3 de octubre del año pasado, fecha en la que se cumplieron los primeros seis meses de la fase de instrucción. La Fiscalía instó el 30 de noviembre de 2017 a la declaración de esta causa como compleja y, por tanto, a la habitual prórroga de otros 18 meses. Y el juez tomó esa determinación mediante un auto fechado el 14 de diciembre de ese año. El recurso de Villafranca, a la que se adhirieron gran parte de las defensas, ponía de relieve que esos trámites se llevaron a cabo fuera del plazo de los seis meses y que, por tanto, debía finalizar el proceso judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital, responsable de este procedimiento, rechazó el recurso este verano alegando que durante los primeros seis meses la investigación estuvo "paralizada de facto" gran parte del tiempo a la espera de la resolución de otros recursos y de una cuestión de competencia. En efecto, durante meses, este caso conocido como Colina Roja (por la operación policial del pasado abril, en la que se detuvo a más de una veintena de personas) estuvo pendiente de la decisión de la propia Audiencia y más tarde del juez decano de Granada sobre qué juzgado era competente para investigar este enorme procedimiento, que desde su inicio ya contaba con miles de folios desgajados del caso Audioguías. El decanato decidió que el asunto debía recaer en el juzgado del magistrado Moreno el 2 de noviembre. Según expone ahora la Audiencia, en ese momento ya habría acabado el plazo para investigar.

El auto firmado este lunes no admite este argumento de la paralización de facto ni el de los dilemas o retrasos a cuenta del reparto del caso en uno u otro juzgado. "Los plazos del art. 324 sólo se interrumpen por los motivos que el legislador ha establecido en el precepto (secreto y sobreseimiento) y no por la pendencia de recursos, la existencia de cuestiones de competencia o cualquier otra vicisitud procesal distinta porque, de otro modo, se vaciaría de contenido la razón de ser del precepto, que está encaminado a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva frente a los retrasos injustificados", exponen los magistrados en su resolución.

Y al citar jurisprudencia al respecto, los magistrados descartan los ejemplos contrarios esgrimidos por la Fiscalía (tendentes a no aplicar los plazos de forma taxativa), porque consideran que "la corriente mayoritaria es la que se inclina por considerar preclusivo el indicado plazo, incluso en aquellos casos en los que las Diligencias se encontrasen paralizadas por cuestiones de competencia entre órganos judiciales". Así las cosas, el órgano superior ordena al juez de instrucción echar el cierre a la investigación, que en la práctica, según la resolución adoptada, habría quedado clausurada en octubre de 2017, porque todo lo que se ha realizado con posterioridad a esa fecha queda anulado por orden de los mismos magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sección Segunda, José Requena.

Entre esas diligencias practicadas, lo más llamativo fueron las detenciones policiales del pasado 8 de abril, que llevaron hasta la Comisaría a los miembros de la antigua cúpula de la Alhambra por segunda vez (en 2015 ya fueron detenidos por el caso Audioguías, que es el germen de éste). El mismo día, la Policía envió al Juzgado un informe con miles de folios con las últimas averiguaciones sobre los mismos investigados que fueron detenidos. Todo esto queda anulado con el auto del pasado lunes.

No es la primera vez que la Audiencia Provincial desbarata la actuación del juez Antonio Moreno en su investigación sobre la supuesta "trama" para la adjudicación de contratos "a dedo" en la Alhambra. Este juez, que instruye el caso Audioguías desde 2015, fue ampliando aquella investigación progresivamente, conforme la Policía informaba sobre sospechas de irregularidades en contratos de otros servicios. En 2016 amplió la causa a 16 personas y empresas investigadas y a una larga lista de delitos, como el fraude, la malversación de caudales o la falsedad de documento público.

En respuesta a un recurso de las defensas que fue elevado a la Audiencia, este órgano superior ordenó anular gran parte de aquellas averiguaciones y desgajar la causa en dos, de forma que el caso inicial se mantuviera circunscrito a la investigación del contrato de audioguías y que el resto de asuntos fueran agrupados en un nuevo caso, lo que dio lugar a la apertura de estas nuevas diligencias.

Se podría decir que esta causa estaría casi al comienzo (pues los primeros meses se han dedicado a resolver la cuestión de qué juzgado debería asumirla). Los investigados ni siquiera han sido llamados a declarar en el plazo de instrucción, lo que dificultará mucho que el caso pueda avanzar a partir de ahora hacia otra cosa que no sea el archivo. Además, contra este último auto de la Audiencia "no cabe recurso ordinario". El procedimiento de Audioguías, con más de tres años de duración, sí se mantiene abierto en su fase de instrucción.