La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado reabrir la investigación judicial sobre la venta de la casa Ágreda, un edificio que formaba parte del patrimonio municipal y que el Ayuntamiento vendió a una organización privada. El juez de Instrucción 9 que llevaba este caso dictó el 20 de octubre de 2016 un auto de archivo que ahora ha dejado sin efecto el tribunal.

En la causa estaban siendo investigados el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, además de dos altos cargos de ese área y un representante de la ONG Aide. Todos ellos habían defendido la legalidad de la compleja operación de venta.

La decisión parte de un recurso presentado por Ramón Arenas, una de las acusaciones populares

La decisión de la Audiencia parte de un recurso presentado por una de las acusaciones populares del caso, la del empresario Ramón Arenas, quien expuso al tribunal provincial que el caso no podía archivarse al no haberse llevado a cabo todas las diligencias de investigación inicialmente acordadas por el propio juez. La otra acusación popular, la de Vamos Granada, también presentó un recurso contra el archivo (con el que sí se conformó el Ministerio Fiscal), pero en este caso ha sido desestimado sin ni siquiera abordar el fondo de la cuestión por falta de legitimidad del grupo político. Dice el tribunal que no tuvo que ser admitido a trámite.

En cuanto a las alegaciones de Arenas, la Audiencia ha admitido solo una parte, pero es suficiente para la reapertura de la investigación, pues ahora el juez José Luis Ruiz Martínez tendrá que continuar con las pesquisas.

Una de esas diligencias es la llegada de un informe pericial sobre la tasación del edificio, pues las acusaciones consideraban que su venta se negoció por debajo del valor del inmueble en beneficio de los compradores privados. El trabajo fue encargado por el propio juez, pero no esperó a disponer de él para ordenar el archivo del caso, que fue pocos días después de haber tomado declaración a los principales investigados.

El resto de diligencias consisten en la citación para declarar de otros testigos como el exconcejal de Patrimonio, Eduardo Caracuel. Un testimonio que la Audiencia considera crucial pues fue el que puso de relieve que las negociaciones sobre la venta las había llevado su área hasta que el alcalde decidió pasar este asunto a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Este sería, según señala el auto del tribunal provincial, "el primer punto a esclarecer".

"Esta Sala considera que debe continuarse la investigación, puesto que las irregularidades no pueden calificarse en este momento de poco trascendentes o nimias", señala el auto en relación al contenido del auto de archivo del juez, que señala respecto al supuesto delito de prevaricación, el procedimiento seguido para la cesión onerosa de la casa Ágreda se atempera a la legislación vigente "con abstracción de difusas, nimias, o poco trascendentes y en todo caso eventuales disfunciones o irregularidades de naturaleza administrativa".

En opinión del magistrado que archivó el caso, la "fórmula contractual" que el Ayuntamiento de Granada eligió para ceder el palacete, del siglo XVI y que está ubicado en la cuesta de Santa Inés de la capital, pudo ser "discutible como otras, pero en ningún caso per se acreedora de ilicitud de índole alguna".

Dicha fórmula (derecho de superficie con derecho a compra por un período de 40 años) se conformó como una alternativa más en la cesión del inmueble, "justificada -aclaraba el auto- en la imperiosa necesidad de asegurar la rehabilitación del edificio merced a unas obras con un coste ciertamente elevado, que en caso de no llevarse a punto en plazo, entrañarían el retorno del inmueble al Patrimonio Local".

La Audiencia Provincial, por el contrario, pone de relieve ciertas lagunas en el procedimiento que considera importantes y dignas de ser investigadas, como la justificación del precio que se incluyó en el pliego para la venta del edificio, que es inferior al de tasaciones con las que contaba el Ayuntamiento.La Sección Primera de la Audiencia hace un repaso del auto de archivo y echa por tierra gran parte de las consideraciones expuestas por el juez. También ordena que declaren el resto de investigados y los miembros de la junta de gobierno de 2014 y 2015.