El caso Nazarí seguirá adelante, con plena validez de todo lo instruido hasta la fecha, y con un plazo máximo de finalización fijado para el 23 de junio de 2020. La Audiencia Provincial de Granada acaba de desestimar el recurso presentado por las defensas de esta causa de presunta corrupción municipal, en el que pedían la nulidad de gran parte de la investigación por caducidad de los plazos legales fijados en la ley. 

El recurso de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros altos cargos municipales (al que se adhirieron otros investigados, entre ellos el exalcalde José Torres Hurtado) se basaba en un supuesto incumplimiento de las fechas límite para que la jueza declarara la complejidad de la causa y, por tanto, se establecieran las prórrogas que la ley ofrece como posibilidad para alargar la instrucción más allá de los 6 meses iniciales estandarizados. Sería el mismo problema que se ha dado en el caso Colina Roja de la Alhambra y que ha acabado en el carpetazo de este asunto de supuesta corrupción en la adjudicación de contratos. 

A pesar del intento de equiparar ambos casos (la defensa llegó a ponerlo de ejemplo en su recurso), la Sección Segunda de la Audiencia ha dado la razón a la jueza instructora, María Ángeles Jiménez Muñoz, sobre la legalidad de los plazos establecidos y la prórrogas acordadas en esta causa tan compleja. En el auto donde la magistrada rechazó el recurso de las defensas, ésta introdujo un pequeño alegato en el que vino a quejarse y a advertir sobre la "impunidad" que puede generar esta norma de los plazos legales de la instrucción, tal y como se está aplicando ahora, en un territorio donde hay miles de juzgados pequeños y saturados, con escasos recursos, que tienen que estar pendientes de cuestiones formales como éstas para evitar que decaigan las investigaciones a pesar de haber indicios de criminalidad. 

Los magistrados de la Audiencia han esquivado entrar en este tipo de consideraciones sobre la aplicación de la norma, sobre todo cuando sólo han pasado unos días desde que otros magistrados del órgano provincial (de la Sección Primera) se han vuelto a ratificar en el archivo del caso de la Alhambra por considerar que la prórroga solicitada por el juez instructor estaba fuera de plazo. 

Pero sobre el caso Nazarí en concreto, los magistrados han desestimado los argumentos de los recurrentes y consideran que se han dictado a tiempo las prórrogas que marca la ley, además de un último plazo extraordinario que comenzó a contabilizarse en enero pasado y que finaliza el 23 de junio de 2020. Esto significa que, tal y como advierte el tribunal, ése sería el último día permitido para continuar con la instrucción del caso. 

Reconoce el auto del pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, que ha habido varias decisiones que han podido causar confusión en ese calendario de plazos, en especial una de las prórrogas solicitadas en un momento innecesario a petición del Ministerio Fiscal, aunque de forma "bienintencionada". No era el momento oportuno porque aún estaba vigente el primero de los plazos legales (que había quedado suspendido durante el tiempo en que la causa estuvo secreta), que fue prorrogado en el momento en que éste caducó mediante otra resolución expresa. La jueza ya argumentó que, antes que dejadez en esta cuestión, lo que hubo fue un celo especial. 

Las defensas habían pedido que se declararan nulas las diligencias practicadas desde mayo de 2017 o, en todo caso, que se dejara sin efecto el último plazo extraordinario y, por tanto, se diera ya por zanjada la investigación de la causa desde enero pasado. 

Ambas peticiones han sido rechazadas y los magistrados reconocen que el plazo máximo se puede extender hasta 2020, que en total supondría casi 4 años y medio de proceso, pues el caso se abrió en enero de 2016. 

Pero la instrucción ya hace meses que entró en su fase final, dado que la jueza apremió a los investigadores policiales y a los peritos para que le entregaran los informes pendientes antes de terminar febrero. Desde entonces, lo más relevante de este caso ha sido que la magistrada ha propuesto dividir la causa en seis piezas separadas, para que cada uno de los bloques investigados adquiera su propia autonomía, desarrollo y plazos. 

De este modo, es de prever que algunas piezas se empiecen a resolver en breve, mediante el dictado de las decisiones que correspondan según los indicios que haya en cada caso. Es decir, el archivo o la continuación hacia la celebración de juicio.