Auditoría del Centro Lorca: sin inventario de bienes y una deuda con Hacienda

La auditoría anual a la que se somete el Centro Federico García Lorca como consorcio participado por el Ayuntamiento de Granada para la realización de su cuenta anual, refleja, en su informe de 2022, firmado este mismo verano, la realidad económica del centro y las carencias que sigue habiendo a nivel de cuentas (algo que se arrastra desde su largo proceso de construcción).

El informe de Intervención, consultado por este periódico, advierte de dos irregularidades: "el Consorcio sigue sin realizar un inventario del inmovilizado material" ni tampoco del material, es decir, un inventario tanto del edificio como del legado del poeta, algo que impide detallar los activos de forma individualizada, analizar su amortización y por tanto "sigue sin registrarse en las cuentas ni la vida útil ni el método de amortización de los elementos del inmovilizado material del balance a 31 de diciembre de 2022".

La interventora adjunta, que firma el informe, recuerda los antecedentes del centro, desde que en 2005 se firmó el convenio entre Junta, Gobierno, Ayuntamiento, Diputación, Fundación Residencia de Estudiantes y Fundación Lorca para crear el centro Lorca. Una construcción que no estuvo exenta de polémica por la falta de justificación de partidas y el incremento del presupuesto de construcción con unos contratos (y también deuda) a los que luego se subrogó el Consorcio cuando se creó en 2007. En 2011 el Ayuntamiento acordó la cesión al Consorcio de las parcelas sobre las que se iba a construir el centro, valoradas en 3,1 millones de euros; y en 2015 se puso en servicio el Centro Federico García Lorca.

Tras una primera auditoría externa realizada en 2017 por las dudas sobre la gestión económica de la Fundación, la reclamación de subvenciones y la existencia de deudas por la construcción del centro, se liquidó la encomienda a la Fundación Lorca para la gestión de fondos asociados por la construcción y se dieron por buenas las cifras finales de la revisión del proyecto, subrogándose al final el Consorcio en toda la deuda pendiente de pago y facturación, dándose de alta en la contabilidad del Consorcio la construcción del centro con la excepción de los importes que estaban pendientes de facturar por Ferrovial.

En el informe de auditoría de 2022 se destaca el inmovilizado intangible del Consorcio, es decir, el legado del poeta, que presenta un saldo de 1.010.747 euros, que casualmente es la misma cantidad de la deuda que la Fundación Lorca mantenía en 2017 con el Consorcio por la diferencia entre la cantidad que figuraba en el apartado de construcción del centro (3,4 millones de euros) y la cantidad total aceptada como gastos asociados al centro (2,3 millones). Esto evidencia que el legado del poeta llegó también para tapar esa deuda que tenía la Fundación con el Consorcio. De hecho, ese aprobó el traslado del legado del poeta en diciembre de 2017 por parte del Consorcio, que aceptaba y adquiría el usufructo (durante tres años) del legado "en pago de las obligaciones derivadas de la liquidación de la encomienda" a la Fundación, que ascendía a 1.010.747 euros. La totalidad del legado fue entregado al Consorcio y depositada en el centro el 29 de junio de 2018. "En definitiva", advierte el informe, "el usufructo del legado está contabilizado como inmovilizado intangible" por un importe "que no es sino la deuda no justificada por la Fundación al Consorcio, que se permuta por el usufructo del legado.

En cualquier caso, advierte también la interventora, no existe como tal "un inventario aprobado por los órganos competentes del Consorcio ni se dotan amortizaciones", algo necesario para que siga apareciendo en la contabilidad como generador de ingresos.

En el inmovilizado material se hace referencia al propio Centro Lorca, al edificio, dado de alta en 2017 por 20.122.730 euros. Más de 17 millones correspondían con facturas pagadas por la Fundación a contratistas y proveedores (con un desfase de 341.083 euros que luego se corrigió) y el resto, 2,4 millones se contabilizaron como gastos presupuestarios por la liquidación de la encomienda de gestión de fondos asociados a la construcción en 2017, algo que la auditoría externa entendió que se hizo mal al tener que haberse dado de alta contra subvenciones recibidas pendientes de imputación. Se explicó que se hizo así porque era la fundación la que recibió las subvenciones del Ministerio y de la Junta y no el Consorcio, que recibió el centro ya construido.

En el ejercicio de 2018 se subsanaron las principales salvedades reflejadas en la auditoría, por lo que a partir de ese año consta un patrimonio fundacional de 21.128.224 euros que corresponde tanto a la construcción del edificio (17,9 millones) como al terreno aportado por el Ayuntamiento (3,1 millones).

A 31 de diciembre de 2021 figuraba liquidada completamente la encomienda de gestión a la Fundación, incluyendo el montante pendiente de facturar de Ferrovial, por importe de 681.645 euros.

Con todo, el informe de este año indica que "no existe un inventario aprobado por los órganos competentes del Consorcio que permita que las cuentas se actualicen de acuerdo con la rectificación del inventario. Y es que la entidad "no ha realizado un inventario de su inmovilizado material ni registra en cuentas anuales el importe correspondiente a la amortización del mismo".

La compra de la biblioteca personal, otro 'guante' a la Fundación

Otro capítulo que se recoge en el informe de Intervención son las transferencias que recibe el Consorcio. Y en la auditoría de 2022 está el tema más reciente: las transferencias para la adquisición de la biblioteca del poeta a la Fundación, que la vendía también para salvar deudas, según denunció la oposición en Pleno Municipal y que tuvo su polémica. Fue en junio de 2022 cuando se aprobó el expediente para la compraventa de la biblioteca personal y familiar de Lorca por 544.100 euros. De ellos, 81.366 euros los pondría el Ayuntamiento y también la misma cantidad la Junta de Andalucía; 27.122 ponía la Diputación y 54.244 el Ministerio de Cultura. En base a ese acuerdo, Junta, Diputación y Ayuntamiento realizaron su transferencia pero no así el Ministerio de Cultura, que sí mostró un compromiso de ingreso pero "que no se ha podido materializar".

Y ahí está una de las claves. ¿Por qué no ha pagado el Gobierno su cantidad? El informe explica que porque consta una deuda pendiente de pago a favor de la Agencia Tributaria a nombre del Consorcio del que se ha iniciado incluso el procedimiento de apremio. Es decir, porque el Consorcio debe a Hacienda 1,1 millones de euros desde 2020. La AEAT reclama un importe total de 1.497.588 euros por devolución de una subvención europea de los que se han pagado 378.535 euros, por lo que queda una deuda pendiente a la Agencia Tributaria en vía ejecutiva de 1.119.052 euros. El importe incluye un recargo de apremio del 20% sobre lo inicialmente reclamado.

Llama la atención la interventora que sobre dicha cantidad no conste dotación de provisión para responsabilidades por devolución de ingresos ni obligación de reintegro reconocida en la contabilidad del consorcio. Y es que, aunque no pueda iniciar vía ejecutiva contra otra administración ni notificar providencia de apremio, "sí sería conveniente a efectos de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico, financiera y patrimonial del consorcio, dotar la provisión correspondiente a efectos de cubrirse frente a contingencias negativas que puedan afectar a su tesorería.

Los activos de Tesorería a final del ejercicio eran de 764.837 euros, la mitad de lo que tenía al inicio del año, que fue de 1,4 millones de euros, principalmente por pagar más intereses y recibir menos subvenciones. Los ingresos han sido de 1,2 millones y los gastos, de 1,9. Como había remanente, el resultado final el ejercicio 2022 se cerró con un positivo de 238.417 euros.